No obstante, presentaron hoy ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) denuncias por la siembra y comercialización de soya transgénica en el estado.
Acusaron que, frente a la mirada complaciente de las autoridades federales y, pese a la restricción para liberar el cultivo de semillas transgénicas en la entidad, se sembraron, sólo en lo que toca a Hopelchén, más de 23 mil hectáreas de soya genéticamente modificada, lo que equivale a 85% de toda la soya cultivada en este municipio.
Los denunciantes identificaron varios predios en la región Hopelchén en los que se sospecha que se sembró soya patentada por la trasnacional Monsanto.
Por ello, exigieron al Senasica investigar la probable responsabilidad de dicha empresa y de terceros que han producido y comercializado soya transgénica en la región, especialmente la comunidad menonita, en franca violación a la Ley de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.
Los pobladores recordaron que desde 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió a Monsanto Comercial SA de CV el permiso para la liberación al medio ambiente con fines comerciales de soya genéticamente modificada en la región.
“Sin embargo, según observaciones locales y reportes obtenidos en la región, el 85% de la soya que se sembró esta temporada en el municipio de Hopelchén, es genéticamente modificada”, acusaron.
Además, señalaron que el Senasica, instancia encargada de regular, administrar y fomentar las actividades de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria en el país, reportó que en 2016 se sembró y comercializó soya transgénica en Campeche.
“Dichos reportes contienen información de que la soya transgénica que fue sembrada en Campeche es la patentada por Monsanto y que es de dos tipos distintos, MON-04032-6 y MON-89788-1 o una combinación de ellos”, resaltaron.
Los inconformes subrayaron que “el tipo de soya genéticamente modificada MON-89788-1 no fue incluido en la solicitud de liberación presentada por Monsanto ni ha sido evaluado por el Senasica, según lo establece la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM)”.
Por eso, alertaron: “Esto es muy, muy grave y significa que se están liberando transgénicos sin ninguna autorización, ni evaluación previa en el país”.
Cuestionan falta de información
Y, en alusión al deslinde de Monsanto, los denunciantes añadieron que “aún más grave es que la empresa dueña de las patentes no tenga información de cómo éstas han llegado hasta el territorio ancestral de los mayas y de cómo sus semillas están siendo comercializadas en un mercado negro”.
Según la ley, destacaron, Monsanto está obligado a reportar esta información a las Secretarías de Gobierno encargadas de aplicar la ley por los riesgos que esto implica para el medio ambiente, la biodiversidad y/o la salud humana. “Sin embargo, parece que no ha presentado reportes ni información al respecto a las autoridades federales”.
Comentaron que Rodrigo Ojeda, director jurídico de Monsanto en México, “ha ido tan lejos como para declarar que no es responsable por la presencia de su semilla en territorios prohibidos por la ley”.
En ese sentido, consideraron que, si Monsanto no asume responsabilidad según la LBOGM y su reglamento, además de los principios rectores de empresas y derechos humanos, y las autoridades federales son incapaces de vigilar y controlar, “entonces no se deberían otorgar permisos para transgénicos en este país”.
“Esta no es la primera vez que se hace notar que no funciona el sistema de bioseguridad en México”, reprocharon.
Luego, recordaron que desde 2012, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) reportó irregularidades en las etapas experimental y piloto de la soya genéticamente modificada de Monsanto, porque se sembraron miles de hectáreas de este producto fuera de los perímetros permitidos y en Áreas Naturales Protegidas.
“Esta precariedad del sistema de bioseguridad era una de las razones por las que Conabio se negó a recomendar la autorización a Monsanto en 2012. En contra de la ley de ese momento, Semarnat desdeñó las razones y la opinión de Conabio y dio su visto bueno para que se le diera el permiso a Monsanto”, insistieron.
“Ahora, las consecuencias las sufren los mayas de Campeche al ser fumigados con glifosato y otros químicos todos los días a todas horas desde avionetas”, reclamaron.
Los pobladores y especialistas recordaron que en análisis de laboratorios han confirmado la presencia de glifosato en la orina de los pobladores de la región y “en el agua que ellos, los campechanos y muchas otras personas en la península beben a diario”.
“La situación de impunidad que reportan las comunidades mayas ha llegado a un grado inconcebible”, resaltaron.
Peor aún, mencionaron que el año pasado el Senasica, “con conocimiento de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), permitió que los productores que sembraron ilegalmente soya genéticamente modificada en el estado de Campeche, y que tienen además procesos penales en su contra ante la PGR, vendieran su producto en violación de la ley, permitiendo su liberación para fines comerciales, bajo el argumento que era una medida de bioseguridad a fin de evitar su propagación en los siguientes ciclos agrícolas y escudándose en un dictamen de Semarnat que fue ilegal y ha sido cuestionado por su falta de imparcialidad y objetividad”.
Según su reclamo, no hay evidencia de que hayan investigado las denuncias, ni de que se haya infraccionado a alguna de las empresas involucradas en el caso, como las que vendieron la semilla en el pasado ciclo agrícola, como son Comercializadora Mayorista del Golfo, S.A. de C.V. o Elicamp S.A. de C.V., que venden semillas e insumos agrícolas a través de la organización Los Temporales de Hopelchén, S.P.R de R.L.
Así mismo, acusaron a funcionarios del Senasica-Sagarpa de actuar con mala fe, “ocultando información a las comunidades mayas sobre los avances y resultados del monitoreo de siembra de soya transgénica que realizaron en 2016 y 2017, y desconociendo las denuncias presentadas”.
Lo anterior, dijeron, llevó a las comunidades afectadas a presentar quejas administrativas contra diversos funcionarios implicados “en el entramado de opacidad”, entre los que mencionaron a Pedro Macías Canales, director de Bioseguridad para OGM; Hugo Fragoso Sánchez, director general de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera; y Luis Escobar Aubert, director general jurídico, todos del Senasica.
“Estas irregularidades demuestran que el sistema de bioseguridad en nuestro país no funciona y únicamente sirve los propósitos de empresas como Monsanto con ambiciones económicas en este ramo”, insistieron.
En su argumento sostuvieron que “la política pública establecida por las autoridades federales que otorgan dos subsidios importantes a la soya y no cuenta con apoyos generalizados al maíz, se suma a este ambiente de impunidad en materia de transgénicos y pone en riesgo a las comunidades mayas de la península de Yucatán y a todo México y su patrimonio biocultural”.
Incluso, señalaron que la situación la agrava “el poder judicial que es incapaz y falto de voluntad de proteger los derechos colectivos de los mayas en la región”.
Por último, lamentaron que las sentencias que la SCJN “presume como progresivas en la materia siguen sin cumplirse y sin hacer verdad el derecho de los pueblos a determinarse libremente y decidir por sí mismos lo mejor para sus territorios y sus miembros”.
