La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a la organización Artículo 19 contra la Ley General de Comunicación Social de 2018, conocida como Ley Chayote, por considerar que sigue otorgando al Gobierno “enorme discrecionalidad” para ejercer su gasto en difusión.
Esta ley promulgada por Enrique Peña Nieto, fue declarada inconstitucional por atentar contra la libertad de expresión al no contener criterios claros y objetivos sobre ejercicio de gasto público en materia comunicación social y contratación de medios.
Tan pronto la Corte notifique oficialmente su sentencia, el Congreso de la Unión será emplazado por un juez de Distrito para subsanar las omisiones detectadas en esta ley, o incluso a derogarla y aprobar una nueva, pues la reforma de 2014 al artículo 134 de la Constitución lo obliga a reglamentar esta materia.
La sentencia redactada por el Ministro Juan Luis González Alcántara establece:
“La previsión de un marco legal lo suficientemente claro y preciso que disminuya la arbitrariedad de los entes gubernamentales al momento de ejercer el gasto en comunicación social se torna indispensable para evitar, en la mayor medida posible, que una distribución arbitraria y discriminatoria de dicho gasto sea empleada como mecanismo de censura indirecta o como un fuerte disuasivo de la libertad de expresión”.
La ley no cumple a cabalidad con la tarea que el texto fundamental le encomendó, particularmente porque no esclarece ni detalla los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, ni tampoco dispone procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios indicados, disminuyendo así la discrecionalidad de los agentes gubernamentales.
