Noventa y tres de cada cien jornaleros mexicanos no cuentan con seguro social, no reciben aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo, además de trabajar sin contratos laborales y en condiciones precarias, denunció el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
De acuerdo con la ficha temática “Personas Jornaleras Agrícolas”, los jornaleros agrícolas son aquellos “trabajadores eventuales del campo que se emplean a cambio de un salario en labores que van desde la preparación del terreno, hasta el cuidado y cosecha de los cultivos.
En México, no existe una estimación real del número de personas jornaleras agrícolas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que existen 3 millones 885 mil trabajadores agropecuarios en el país, 2.5 millones de los cuales son peones o jornaleros en la agricultura. Sin embargo, ya que las personas jornaleras suelen viajar con sus familias, se estima que la población impactada por esta actividad laboral alcanza los 5.9 millones de personas, según cifras del Conapred.
“Las personas jornaleras tienden a trabajar por estaciones, por lo que hay períodos del año en que no reciben ingresos. Por otra parte, una proporción considerable no cuenta con un empleador fijo, por lo que cambia de lugar de trabajo frecuentemente (incluso tras un período de semanas o días) atendiendo necesidades temporales en cada uno. Lo anterior dificulta su acceso a contratos que formalicen sus actividades, prestaciones de seguridad social, e incluso condiciones de trabajo decente”, detalló el Conapred.
De acuerdo con los datos del Inegi, sólo tres de cada 100 personas trabajadoras agrícolas de apoyo (peones o jornaleros) tienen un contrato escrito; de ellas, seis de cada 10 tienen un contrato escrito temporal o eventual; las cuatro restantes son de base o planta.
El promedio de escolaridad de la población jornalera agrícola es de 5.9 años, es decir, de primaria incompleta y alrededor de un cuarto de esa población (24 por ciento) no habla español sino una lengua indígena.
Más de la mitad de las jornaleros se concentra en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En cuanto al promedio de ocupantes en las viviendas donde reside al menos un trabajador agrícola es de cinco personas, mientras que el promedio nacional es de 3.7 personas.
El Conapred mencionó, con base en datos de Inegi, que las personas jornaleras ganan en promedio 18.5 pesos por hora laborada, cantidad que, a pesar de superar los 80.04 pesos diarios del salario mínimo, resulta insuficiente si se consideran los altos niveles de desempleo para esta población entre temporadas de cosecha y los gastos de traslado a zonas de trabajo.
Otro dato que reveló el Conapred es que de cada 100 personas que se dedican al trabajo agrícola, 66 son remuneradas y 34 no reciben ningún ingreso, sólo pago en especie. Además, solo cuatro cuentan con acceso a servicios de salud.
Respecto a las prestaciones laborales, únicamente siete de cada 100 trabajadores o trabajadoras agrícolas de apoyo obtienen prestaciones como aguinaldo y vacaciones con goce de sueldo.
POCOS AVANCES
El Conapred destacó que a pesar de que existen algunos esfuerzos por parte del Gobierno por garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras agrícolas, este sector continúa desprotegidos.
A nivel nacional, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) cuenta con el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA). PAJA busca contribuir al acceso efectivo de esta población a los derechos humanos, así como facilitar su acceso a la alimentación, educación y vivienda.
Sin embargo, dijo, sus apoyos no abordan las raíces de las necesidades de estas personas, por ejemplo, la informalidad y la marginación. Además, el programa no genera información suficiente para evaluar su propio impacto, por lo que es imposible conocer el grado en que logra su cometido.
En materia del trabajo infantil agrícola, el Gobierno de México se adhirió al proyecto “Alto al Trabajo infantil en la Agricultura” de la OIT en el periodo 2010-2014. El objetivo era retirar a niñas y niños de actividades productivas, protegerlas en sus lugares de trabajo o proveerlas de servicios educativos y no educativos para disminuir la probabilidad de que trabajaran.
A través de la STPS hoy se promueve una tercera etapa de cooperación técnica enfocada en la niñez indígena y el trabajo infantil que resulta de la migración de las y los jornaleros agrícolas y sus familias. Además, la misma Secretaría cuenta con el Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil (DEALTI) para conocer a las empresas agrícolas cuyos modelos buscan mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores y sus familias o cuyas medidas buscan prevenir y erradicar el trabajo infantil.
A nivel estatal, algunas entidades han forjado alianzas con actores internacionales para promover los derechos de este sector. En Sinaloa, por ejemplo, la UNICEF y el gobierno estatal se han asociado con personas productoras y con el sector privado para capacitar a personal educativo o adoptar medidas que buscan erradicar el trabajo infantil en este ámbito.
Pese a los esfuerzos, las dinámicas laborales siguen permitiendo que sus pagos se condicionen a la cosecha de cierta cantidad de cultivos o el recorrido de un número determinado de surcos, denunció el Conapred.
“Esto ocasiona que las personas jornaleras agrícolas trabajen entre 9 y 15 horas diarias, incluso sin día de descanso. Adicionalmente, la informalidad de este sector condena a sus partícipes a una carencia generalizada de prestaciones, contratos y continuidad”, señaló.
LA INSEGURIDAD, OTRO PROBLEMA QUE ENFRENTAN
Las condiciones inhumanas de trabajo, vivienda y los malos pagos no son la única preocupación de los trabajadores del campo. En los últimos años se ha sumado el temor a ser secuestrados por las bandas narcos o caer en manos de capataces que sin su consentimiento los trasladan de un lugar a otro o los encierran en campamentos.
Ejemplos sobran: En junio de 2013 autoridades estatales en Jalisco rescataron a un grupo de 275 trabajadores agrícolas que vivía en condiciones de esclavitud en un campo del municipio de Tolimán. Eran obligados a trabajar para una empresa empacadora de jitomate.
En habitaciones de 16 metros vivían 3 familias de dos adultos y tres menores de edad cada una, los baños eran comunales, en los cuartos había chinches, les racionaban el agua, algunos estaban enfermos por el alimento en mal estado y la falta de atención médica, quienes intentaban escapar eran atrapados por los capataces y regresados a los campos.
En marzo de 2015 autoridades laborales rescataron a más 200 indígenas tarahumaras explotados en Baja California Sur, en una de las zonas cercanas a Los Cabos, uno de los destinos vacacionales preferidos por las grandes estrellas.
Entre el grupo había hombres, niños y mujeres que habían sido reclutados en el estado de Chihuahua por la empresa Corporativo El Cerezo Sociedad Agrícola y trasladados con engaños para trabajar en condiciones ilegales, insalubres y de miseria salarial.
