Por mayoría calificada de votos, el pleno del Congreso Local aprobó reformas a la Constitución Local en materia de Anticorrupción y la eliminación del fuero constitucional de servidores públicos estatales y municipales con el sentir de los ayuntamientos y la iniciativa que crea la Ley sobre la Integración, Atribuciones y Funcionamiento del Sistema Local Anticorrupción.
Con esta armonización se establecen medidas concretas para castigar el enriquecimiento ilícito que cometa cualquier funcionario, incluido el gobernador del estado en turno, así como el promover juicio político en contra de diputados y funcionarios que roben dinero del erario público.
Durante una maratónica sesión extraordinaria, que duró casi ocho horas, la plenaria avaló con 17 votos a favor de diputados de la bancada mayoritaria del PRI, PVEM, Nueva Alianza y Social Demócrata (PSD) y 6 en contra del PAN-UDC-PPC, las reformas constitucionales locales que se homologan a las federales, con el aval de 23 de los 38 municipios.
Fueron 15 los ayuntamientos los que no las respaldaron o no enviaron a tiempo las aprobaciones de los cabildos, entre ellos los siete gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN); Saltillo, Monclova, Frontera, Nadadores, Morelos, Villa Unión y Zaragoza; de UDC-PAN Acuña y Sabinas; Parras del PVEM y cinco del PRI, Jiménez, Guerrero, Sacramento, Sierra Mojada y Viesca.
Lo relevante del nuevo sistema que implicará reformas adecuar la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos Estatales y Municipales y la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es que se combatirá la impunidad porque se quita el fuero a todos los funcionarios, desde el gobernador, secretarios de estado, jueces, magistrados, hasta alcaldes, regidores y síndicos.
Cualquiera de ellos que sea acusado penalmente de cometer algún delito podrá ser detenidos por la policía, procesado y enviado a la cárcel, es decir, se les juzgará y castigará como a cualquier ciudadano, incluidos los diputados.
La única excepción que se hace es para los legisladores que no podrán ser reconvenidos por las declaraciones que hagan con motivo de su función como representantes populares. La eliminación del fuero es para que las autoridades judiciales proceda penalmente en su contra si llegan a delinquir y los manden a la cárcel.
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y JUICIO POLÍTICO
En el decreto que consta de 168 artículos y 15 transitorios, se establece que las leyes aplicables, sancionarán el enriquecimiento ilícito con el decomiso, o en su caso, con la extinción de dominio de los bienes del responsable, además de las otras penas que correspondan.
Mientras que el artículo 163 ordena: Podrán ser sujetos de juicio político los diputados del Congreso del Estado; el Auditor Superior del Estado, el Gobernador, secretarios, subsecretarios, el Fiscal General del Estado, los fiscales, fiscales especializados, directores generales o su equivalente, es decir, todos los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ayuntamientos y entidades paraestatales y paramunicipales.
El 165 dispone que se podrá proceder penalmente contra ellos, –gobernador, funcionarios, alcaldes, jueces o magistrados– en caso de haber cometido algún delito en el desempeño de su función.
Durante el proceso penal, el servidor público podrá seguir en su encargo salvo que se le imponga alguna medida cautelar consistente en prisión preventiva, o alguna otra medida que restrinja o limite su libertad, según lo establezca la ley de la materia aplicable.
Se precisa que las medidas cautelares no podrán consistir en prisión preventiva, restricción o limitación de la libertad, salvo en los casos de delincuencia organizada, delitos relacionados con hechos de corrupción, suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos; así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad, la salud y de la Nación.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Mientras que la iniciativa enviada por el gobernador, Rubén Moreira Valdez, para expedir la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila, también fue aprobada por mayoría calificada con 17 votos a favor del PRI-PVEM-PNA-SI- y seis sufragios en contra de los cuatro diputados plurinominales del PAN, y los dos de la UDC y el PPC.
Las iniciativas de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila y la Ley Sobre Integración, Atribuciones y Funcionamiento del Sistema Local Anticorrupción, planteada por el diputado del PVEM, Javier de Jesús Rodríguez Mendoza, establecen las bases para integrar a Coahuila al Sistema Nacional Anticorrupción.
Así como la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, de la rendición de cuentas, transparencia, fiscalización, el control de los recursos públicos y sanciones económicas y hasta con cárcel a quien se robe dinero del erario público.
