La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió las Recomendaciones 43, 45 y 46/2017, dirigidas al director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, por casos de violencia obstétrica y violación de derechos humanos en agravio de tres mujeres que recibieron inadecuada atención médica en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza”, en la Ciudad de México; en el Hospital Regional “Manuel Cárdenas de la Vega”, en Culiacán, Sinaloa, y en el Hospital General de Querétaro.
En el primer caso, el 1 de marzo de 2016, una mujer de 34 años que padece diabetes mellitus, manifestó que recibió una inadecuada atención médica por parte del personal del hospital “General Ignacio Zaragoza”, lo que propició el fallecimiento del producto de su gestación.
En cuanto a la Recomendación 46/2017, refiere el caso de una mujer que perdió el producto de la gestación, al no recibir atención adecuada y en tiempo en el hospital general de Querétaro, donde llegó el 25 de octubre de 2015, con 39.4 semanas de gestación, en fase latente de trabajo de parto, por lo que se le indujo el parto con oxitocina.
Por otra parte, la Recomendación 45/2017 plantea el caso de violación de los derechos a la protección a la salud, a la vida y a la información en materia de salud, de una mujer de 28 años de edad, quien cursaba embarazo de 33 semanas de gestación y presentaba dolor de cabeza, vómito, pies hinchados y adormecimiento, por lo que fue trasladada al servicio de urgencias del hospital “Manuel Cárdenas de la Vega”, en Culiacán, Sinaloa, el 8 de junio de 2016, a las 2 de la mañana.
El 9 de junio, la mujer presentó convulsiones y fue ingresada al quirófano donde se le practicó una cesárea y nació una niña que permaneció en el área de pediatría hasta el 20 de junio, fecha en que fue dada de alta sin complicación. Por otro lado, la mujer fue trasladada al área de terapia intensiva donde permaneció 3 días y le fue diagnosticado derrame cerebral, perdiendo la vida el 12 de junio.
Por lo anterior, la CNDH recomendó al director del ISSSTE reparar el daño a las mujeres sobrevivientes y a los familiares de la mujer fallecida, que deberá incluir indemnización o compensación, con motivo de la responsabilidad en que incurrió el personal de cada uno de los hospitales, y otorgar atención médica, psicológica y tanatológica con oportunidad, calidad y calidez a las víctimas y familiares.
En colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se inscriba a las víctimas en el Registro Nacional de Víctimas para que tengan acceso, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; se asigne a los hospitales los recursos económicos, humanos y técnicos para que estén en condiciones óptimas y no se repitan casos como los señalados, y se adopten medidas para garantizar que los expedientes clínicos se encuentren debidamente integrados y protegidos.
