El Auditorio de la Dirección de Servicios Periciales de Veracruz fue el punto de arranque para que integrantes de Colectivos de Desaparecidos emprendieran la tortuosa tarea de tratar de identificar entre más 200 prendas de vestir, 144 credenciales de elector –la mayoría de ellas dañadas o ininteligibles- algún indicio que se traduzca en el hallazgo de sus seres queridos.
Zapatos, tenis, ropa interior, pañoletas, blusas, camisetas, suéteres y trapos fueron mostradas a los familiares de personas localizadas por personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), su homologo local y la legisladora local panista, María Josefina Gamboa.
Los Colectivos Familias Enlaces Xalapa, Buscando a Nuestros Desaparecidos Córdoba-Orizaba, Solecito y organizaciones del sur de la entidad tuvieron que administrar dos turnos, pues el auditorio ministerial resultó insuficiente.
Aunque medios de comunicación locales aseguraron que entre las prendas había ropa de bebe, mamelucos y otros objetos de niños, el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler descartó –vía telefónica- tal versión.
“Me sorprende que digan eso. Los peritos me aseguran que no hay restos de ningún menor que haya sido exhumado, tampoco ropa de menor, eso es falso, te lo puedo garantizar”.
Victoria Delgadillo, del Colectivo Familias Enlaces Xalapa, cuya hija, Yunery Citlalli Hernández desapareció en noviembre del 2011, lamentó que sean ya muchos años esperando saber el paradero de su hija, y como ella, cientos de familias en Coatzacoalcos, Poza Rica, Veracruz y Xalapa, aguardan entre la incertidumbre.
Delgadillo reprochó que en el narcocementerio de Arbolillo en Alvarado, las familias de desaparecidos fueron excluidos de los trabajos, pues la Fiscalía no tomó en cuenta “la angustia” que desde fuera, las víctimas están pasando.
En ese mismo tenor, Anaís Palacios, del Colectivo por la Paz Xalapa reprochó que la Dirección de Servicios Periciales sólo ponga a la vista un catálogo fotográfico y las credenciales de elector a disposición, pero no las prendas como tal, y que se inhiba que familiares de víctimas vayan al lugar del hallazgo.
Familiares de desaparecidos buscan algún indicio que se traduzca en alguna certeza respecto a sus parientes.
“En otras ocasiones, han sido los propios colectivos y familias quienes han encabezado la búsqueda y encontrado restos humanos por su cuenta… hoy pareciera que es un acto desesperado de la Fiscalía por decir y alzar la mano de que están trabajando”, recriminó.
Aunque la apertura para acceder al catálogo fotográfico de prendas de vestir y tener acceso a las credenciales de elector ahí encontradas comenzó ayer y continuó hoy, la diputada panista, María Josefina Gamboa señaló que se tendrán que abrir “tres fechas más”, pues hay familiares de desaparecidos que están arribando por su cuenta y Colectivos de Desaparecidos que piden mayor participación de sus integrantes.
El jueves por la tarde, la Fiscalía confirmó la exhumación de 166 cráneos y miles de restos óseos en 31 de 32 fosas procesadas hasta el momento. Jorge Winckler Ortiz este detalló que durante todo el mes de agosto policías ministeriales, forenses y personal de la FGE trabajó en un “punto” de la zona centro del estado para realizar trabajos de exhumación en estas fosas.
Winckler explicó que este nuevo narcocementerio fue mantenido en secrecía a los colectivos y a la prensa, para no poner en riesgo su integridad física. En medio de una vegetación abundante, boscosa, de difícil acceso carretero, personal de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Personas no Localizadas realizó la exhumación de estas 166 personas inhumadas de manera clandestina.
El Fiscal apeló a que fue a través de un “testimonio” que obtuvieron –sin aclarar si es un implicado en la exhumación clandestina- como se pudieron obtener datos de este narcocementerio. A decir del Fiscal, un análisis antropológico sostiene que tras un análisis de los restos óseos, estos tienen más de dos años de haber sido enterrados clandestinamente.
El anuncio del jueves da cuenta de la cuarta narcofosa hallada en Alvarado, la primera data de diciembre del 2013, cuando un reporte de lugareños llevó al descubrimiento de 7 cuerpos semienterrados en un lugar conocido como playa “La Cava”.
La segunda se documentó en mayo del 2015, en un islote fueron desenterrados casi una veintena de cuerpos. Aún con Javier Duarte como gobernador, el entonces vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), Omar Zúñiga negó a los reporteros el hecho, asegurando que, tras una inspección de forenses y ministeriales solo se encontró “estiércol” de vaca.
Tras la presión posterior de Colectivos de Desaparecidos, la FGE admitió en rueda de prensa la existencia de solo seis cuerpos.
La tercera ocurrió en marzo del 2017, elementos de la Secretaría Armada de México, Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado tardaron tres días en trabajos de exhumación para rescatar 46 cráneos y cientos de restos humanos en un predio particular, también de Arbolillo, en Alvarado, Veracruz.
“Se trabajaron ocho fosas, las cuales se encuentran ubicadas aproximadamente a 10 kilómetros al centro de Alvarado, ello en un perímetro de 120 metros cuadrados, que es colindante a la laguna de Alvarado; de dichas exhumaciones hasta el momento se han extraído 46 cráneos más múltiples partes corporales”, detalló en aquella ocasión el fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz.
Este nuevo macrocementerio del crimen organizado fue descubierto por autoridades del gobierno del panista-perredista, Miguel Ángel Yunes Linares a poco más de 80 días de que concluya su administración, la tarea titánica de encabezar los trabajos de reconocimiento de cuerpos, entrega de restos óseos y recepción de familiares de víctimas va a contrarreloj, razón por la que será el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y el estatal de Cuitláhuac García quienes tengan que reencauzar los trabajos de identificación de cuerpos hallados en narcofosas.
