El pasado martes 24 de septiembre, la senadora Nestora Salgado presentó al Senado de la República una iniciativa que busca oficiar los artículos primero y cuarto de la constitución para garantizar que el matrimonio igualitario sea posible, legal y libre de discriminación en todo el país, no sólo en los estados que ha legislado individualmente para ello.
Salgado, propone que quede asentado en la constitución que “toda persona mayor de 18 años de edad tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada”; hasta la fecha, los casos de discriminación aún son comunes, incluso en los estados en donde las leyes ha cambiado para permitir la unión civil entre dos personas de cualquier género.
Puntualmente, la iniciativa contempla que, a la prohibición de discriminación, se añada la que sea generada por “orientación sexual, identidad o expresión de género”, lo que remplazaría a la frase “preferencias sexuales”.
En el caso del artículo cuarto, que desde el principio establece que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”, se buscará que todas las personas tienen derecho a casarse bajo el marco de la ley y libre de discriminación.
La historia del matrimonio igualitario en México
La propuesta llega a casi 10 años de que las uniones civiles entre dos personas del mismo sexo se hicieran realidad en la Ciudad de México; actualmente, sólo 19 de las 32 entidades federativas lo han aprobado a pesar de que en junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en Jurisprudencia que las leyes locales que impiden el matrimonio igualitario son inconstitucionales.
En 2019, seis entidades realizaron modificaciones a sus leyes para que las parejas no heterosexuales puedan casarse; estos son: Nuevo León (febrero), Aguascaliente (abril), San Luis Potosí (mayo), Hidalgo (junio), Baja California Sur (junio) y Oaxaca (agosto).
Con dicha declaración, los estados estarían obligados a realizar y validar los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero para ello, los interesados tienen que presentar un amparo ante las autoridades locales; si la iniciativa propuesta recientemente fuera aprobada, el amparo dejaría de ser necesario, pues sería una forma de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género.
