La Cámara de Diputados dio el primer paso, en comisiones, la propuesta de Morena y el PRI de prolongar hasta el 2028 la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública, en apoyo a la Guardia Nacional, y se turnó al Pleno para su debate este mismo miércoles.
Con 28 votos a favor y 10 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de diputados avaló -con las modificaciones y agregados que le hizo el Senado de la República- el decreto de reformas al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional.
En los posicionamientos en contra, Santiago Torreblanca, del PAN, apuntó que las modificaciones que se hicieron en el Senado fuero sólo para “hacer cambiar de opinión a algunos y para tapar la incongruencia”. Criticó que “no tenemos un marco adecuado de regulación de las Fuerzas Armadas” para dedicarse a esas tareas.
La redacción de la iniciativa “suena muy bonito, pero la realidad es que el Ejército no tiene capacitación” para cuidar la seguridad pública.
Salvador Caro, de MC, calificó la reforma como una “simulación y producto de acuerdos políticos para la impunidad” de los dirigentes del PRI. Reprochó que “es una burla y una vergüenza que el Senado coloque a la Cámara de Diputados en un segundo plano, y convierte a los diputados en pajes y súbditos del ´Rey del cash´”.
Jesús Velázquez, del PRD, se expresó en contra, al considerar que los agregados y reservas que incluyó el Senado al decreto no son suficientes para garantizar que la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública será extraordinaria, sino que se convierte en una normalidad y sin regulaciones ni una fiscalización independiente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). “Estamos a la deriva de lo que decida hacer el Ejército a sus anchas”, alertó.
En defensa de la iniciativa, Aleida Alavez, de Morena, destacó que el avance de la reforma “es muestra de la capacidad de diálogo y de la apertura de Morena” y sus aliados de aceptar propuestas de la oposición para enriquecer la iniciativa.
Indicó que la iniciativa es la oportunidad para la inversión, capacitación y mejoramiento de los cuerpos policiacos. Además la Guardia Nacional deberá rendir i formes a una Comisión Bicameral, lo que da certeza y seguridad, con mejores controles constitucionales.
Marco Mendoza, del PRI, se sumó a la propuesta con el argumento de que las policías estatales y municipales no están debidamente preparadas ni equipadas para enfrentar al crimen organizado. “No estamos hablando de una militarización, sino de la devolución de recursos a los estados y municipios para seguridad, y de una presencia temporal, regulada y vigilada de las Fuerzas Armadas”.
Pedro Vázquez, del PT, defendió la reforma y argumentó que “esta medida no significa en cheque en blanco a las Fuerzas Armadas” y resaltó que los senadores “enriquecieron y perfeccionaron el decreto con adiciones que garantizan la presencia legal de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública”.
Juan Carrillo, del PVEM, también expresó su apoyo a la iniciativa y acusó a la oposición de “satanizar” al Ejército y de ver “con normalidad la violencia y la inseguridad en el país” sin pensar en la ciudadanía. Consideró que existen la reglamentación suficiente para reglamentar la actuación de las Fuerzas Armadas.
