La Jueza del Juzgado Segundo de Distrito en Oaxaca del Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, al Ayuntamiento de Santiago Juxtlahuaca y al Presidente Municipal Constitucional del municipio de Juxtlahuaca, en la Mixteca de Oaxaca tomar las medidas necesaria para que las calles de ese municipio puedan estar escritas en español y en la lengua mixteca.
La jueza concedió un amparo a la defensora de derechos humanos mixteca, María Anabel Martínez Villavicencio, en el que denunció la omisión de las autoridades de ese municipio al no nombrar las calles en español y en la lengua indígena mixteca.
La defensora mixteca argumentó que esa inacción vulnera su derecho fundamental de preservación y uso de su lengua indígena reconocido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Jueza recordó que las leyes del país reconocen que la pluralidad de las lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana y definen que el Estado debe proteger y promover la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales.
Para cumplir con ese fin, precisó, es necesaria la instrumentación de las medidas necesarias para que en los municipios en donde al menos un 20% de la población hable una lengua indígena, las señales informativas de nomenclatura oficial, así como sus topónimos, sean inscritos en español y en las lenguas indígenas de uso en ese territorio.
De la misma forma, dota al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de la atribución legal para informar sobre la aplicación de lo que dispone la Constitución, los tratados internacionales ratificados por México y esta Ley, en materia de lenguas indígenas, y para expedir a los tres órdenes de gobierno las recomendaciones y medidas pertinentes para garantizar su preservación y desarrollo.
“De esta manera, es incuestionable que el derecho de preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales, aunque se encuentra reconocido como un derecho de los pueblos indígenas, tiene una faceta individual, es decir, constituye tanto un derecho de los pueblos como un derecho de las personas indígenas, pues constituye uno de los principales factores de identificación. Es por tanto, un derecho social o cultural con incidencia individual y colectiva”.
Por tanto, señaló, el derecho a la lengua cumple con la función de reconocer la diferencia, y demanda acciones tanto negativas como positivas para evitar la discriminación y promover la plena igualdad entre los mexicanos.
En consecuencia, la Jueza ordenó a las autoridades responsables concertar una reunión en la que definan conjuntamente las acciones necesarias para allegarse de la información actual y suficiente a fin de determinar si el 20% de la población de Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca, habla lengua mixteca.
