Hubo armas, heridos y muertos, pero ningún detenido por aquel 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, donde las víctimas y autoridades callan entre una complicidad que impide conocer a los asesinos y pone al descubierto la incapacidad para hacer valer la justicia.

Las mentiras de funcionarios de la anterior administración se disiparon con las fotografías y videos de policías armados y el sonido de las detonaciones, pero las acusaciones mutuas y la negativa para esclarecer los hechos de quienes participaron vuelve a dejar en la impunidad la violencia en Oaxaca.

A un año del enfrentamiento entre policías, profesores y habitantes de Nochixtlán, por un fallido desalojo en un bloqueo contra la reforma educativa, solo hay promesas para la reconstrucción del tejido social, pero la justicia no llega por la incapacidad y apatía de las autoridades, así como la negativa de grupos de la zona para permitir las investigaciones.

Tampoco se han generado responsabilidades por omisión impropia y actuación en aquel 19 de junio, que recordó el fallido desalojo del 14 de junio de 2006, durante el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

El Comité de Víctimas de Nochixtlán culpa a la Procuraduría General de la República (PGR) por no esclarecer los hechos, mientras que la dependencia acusa a esta representación de impedir el paso para hacer las últimas diligencias.

En el enfrentamiento que inició cerca de las 8:00 de la mañana el 19 de junio y concluyó a las 16:00 horas participaron 800 elementos de seguridad, entre policías estatales, federales y de vialidad. Todos han sido entrevistados por las autoridades de impartición de justicia, pero aún no hay sanciones por el supuesto desconocimiento que se tiene de cuántos y quiénes activaron armas en la zona.

El hermetismo y la falta de coordinación y colaboración se advierte entre las mismas instituciones: la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) niega información a la PGR sobre los elementos que participaron en el operativo y si ya fueron dados de baja, mientras la Fiscalía General de Oaxaca se deslinda de su participación en las investigaciones.

En reiteradas ocasiones funcionarios y representantes de la Policía Estatal se han negado a responder a EL IMPARCIAL qué ha pasado con los elementos que activaron armas en el operativo del año pasado. Solo aseguran que la investigación se mantiene en proceso.

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Mientras la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) pide la intervención de la PGR en la zona, la dependencia insiste en que no hay condiciones por las intimidaciones que han recibido en las tres ocasiones que personal acudió al municipio.

La PGR busca que el Comité de Víctimas garantice la seguridad para realizar las diligencias, que permitirían saber si los proyectiles de las armas policiacas generaron la muerte de seis personas en esa zona o fueron los mismos pobladores.

A casi un año con escenas del crimen que han cambiado, las autoridades aseguran querer respuestas que evidentemente no tendrán este 19 de junio, cuando solo se recordará el suceso donde hubo fallecidos y más de un centenar de heridos.

 Crucial última prueba pericial

El delegado de la PGR, Javier Martín Villanueva Hernández, explicó que de este caso se han realizado reuniones interinstitucionales y se ha insistido en la necesidad de llevar a cabo la prueba pericial pendiente, que mostraría la trayectoria de los proyectiles de armas que fueron disparados por las corporaciones de policías.

“Lo que tenemos que encontrar es si el tipo de calibre de las armas con licencia colectiva fueron las mismas que se encontraron como elementos balísticos en el cuerpo de las seis personas que fallecieron en Asunción Nochixtlán”, señaló.

En las tres ocasiones que han acudido con los peritos y agentes del ministerio público, el delegado afirmó que el Comité de Víctimas ha impedido llevar a cabo esta diligencia que es básica para determinar si la Policía que participó en el desbloqueo de la carretera 135 fue responsable de la muerte de pobladores de esa comunidad.

Y aunque en la última reunión que sostuvo la PGR con la comisión especial de diputados que lleva el caso se estableció el compromiso de interceder con el Comité de Víctimas para que brinde las facilidades para la diligencia, a la fecha sólo se ha quedado en promesas y buenas intenciones de los legisladores.

Sin conocer quiénes y cuántos dispararon

Pese a este obstáculo, la Procuraduría sigue recabando datos de prueba como parte de la carpeta de investigación 820/2016, donde se abordan los seis homicidios en Nochixtlán, otro en Viguera como consecuencia de un proyectil de arma de fuego, y otro más que se dio al día siguiente por la explosión de un artefacto en manos de uno de los manifestantes.

De acuerdo con las autoridades aún se investiga la identidad de las personas que dispararon y que causaron la muerte de las personas. El inconveniente, según las declaraciones, es que el Comité de Víctimas que es vinculado con la Sección 22 del magisterio oaxaqueño, no ha permitido que la diligencia se lleve a cabo.

“Diferimos de lo que ha afirmado públicamente el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, porque no es la falta de interés de la PGR para esclarecer los hechos, si no la falta de condiciones”, insistió el delgado de la PGR.

Por medio de un video publicado en redes sociales y diferentes medios de comunicación, se investiga si las personas que aparecen con armas de fuego son las mismas que provocaron la muerte de las personas, dependiendo de la posición en la que se encontraban y la localización de las ojivas.

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A pesar de haber pasado un año de aquel suceso violento, las autoridades han insistido en que se hagan las diligencias, al mismo tiempo de reconocer que las evidencias o los indicios encontrados en ese lugar ya han sido modificados.

“Yo estoy seguro que cuando el Comité de Víctimas dé las facilidades para que el MP termine la diligencia pericial estemos en las condiciones de determinar quiénes generaron la muerte de las personas”, insistió el delegado que dijo desconocer a qué corporaciones pertenecen los elementos que activaron armas y si fueron separados del cargo.

“En principio se manejó que pertenecían a la Policía Estatal, específicamente a la Policía de Vialidad… a la fecha no hemos recibido respuesta de la SSPO para saber a qué corporación pertenecen los elementos”, dijo.

La falta de esclarecimiento de los hechos se agudiza también con la negativa de los testigos del enfrentamiento, que no quieren dar sus testimonios porque no quieren ser objeto de represalias.

Cué pudo impedir la matanza: DDHPO

El defensor de los DDHPO, Arturo Peimbert Calvo, lamentó que a un año de los hechos éstos no logren ser esclarecidos y no se tenga un mayor avance en las investigaciones.

Recordó que el objetivo de la intervención policiaca debió ser el restablecimiento de la circulación vehicular y no la agresión contra los manifestantes.

En ese sentido, dijo no entender por qué no se aplicó algún protocolo disuasivo y de diálogo para pedir que de manera pacífica se retiraran los profesores y habitantes de la zona que fortalecían el bloqueo.

Al señalar que en el lugar, de acuerdo con los datos de la DDHPO, solo se encontraban 23 personas y una larga fila de unidades de transporte que obstaculizaban el paso, Peimbert Calvo reprobó que los policías que participaron en el operativo ingresaran a la comunidad después de lanzar gases lacrimógenos y ver correr a los manifestantes.

“Por qué la Policía actuó con esa violencia y se metieron hasta la comunidad armados. El saldo fue de ocho muertos y 100 heridos de bala”, expuso el ombudsman, luego de reconocer que no hubo un trabajo previo de inteligencia y tampoco hubo diálogo antes de los hechos de violencia.

Por tal situación, consideró que el entonces gobernador Gabino Cué Monteagudo, que dio la orden para la actuación policiaca, pudo haber impedido a tiempo la matanza en Nochixtlán.

Al respecto, el fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, afirmó que la dependencia a su cargo tiene algunas carpetas de investigación iniciadas por hechos paralelos o colaterales, pero fueron remitidas a la PGR.

“Toda la investigación que corresponde a los hechos del 19 de junio la tiene la PGR. Hay ámbitos de competencia muy diferenciados y ellos tienen la investigación a su cargo”, puntualizó.

Presentan demanda ante CIDH

Mientras, el abogado del Comité de Víctimas de Nochixtlán, Maurilio Reyes, encabezó hace unos días una demanda contra el gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por “la masacre de seis personas indígenas mixtecas en la masacre del 19 de junio”.

Los otros dos que fallecieron, uno en el crucero de Viguera y otro al día siguiente, no fueron incluidos en la demanda por falta de autorización y consentimiento de los familiares.

“Yo estoy seguro que cuando el Comité de Víctimas dé las facilidades para que el MP termine la diligencia pericial estemos en las condiciones de determinar quiénes generaron la muerte de las personas”

“En principio se manejó que pertenecían a la Policía Estatal, específicamente a la Policía de Vialidad… a la fecha no hemos recibido respuesta de la SSPO para saber a qué corporación pertenecen los elementos” -Javier Martín Villanueva Hernández, delegado de la PGR en Oaxaca.

Cronología 19 de junio 2016

5:20 a.m. 

Policía Federal se moviliza hacia Nochixtlán.

7:30-7:40 a.m.

Inicio del desalojo a la altura del puente. Policías disparan gases lacrimógenos contra manifestantes. No hay aviso, incumpliendo los protocolos de desalojo. En el lugar se encontraban alrededor de 50 personas que corren a dar aviso. Pobladores y personas que pasaban por el lugar, por ser día de plaza, se acercan a apoyar, varios de ellos dan la voz de alerta. La PF establece un bloqueo a la altura del crucero de Etlatongo; habitantes de la colonia 20 de Noviembre, muy cerca del lugar, son perseguidos hasta la colonia, donde también se dispara gas, obligando a mujeres, niñas y niños a salir del lugar.

7:40-8:00 a.m.

En cuestión de minutos el bloqueo es retirado, los manifestantes se repliegan y son perseguidos; los autos cerca del puente son vandalizalizados por la policía, rotos los vidrios y las llantas; las bombas de gas lacrimógeno son lanzadas directamente a las personas.

8:00-8:15 a.m.

Elementos policiacos inician un movimiento envolvente para encapsular a los manifestantes: un grupo de policías rodea el panteón y derriba la cerca de malla que se encuentra en el lugar, otro grupo rodea el Hospital Básico Comunitario. Por delante están los antimotines, detrás policías armados. Debido a estos movimientos, el cambio de turno en el hospital no puede efectuarse, hay gases en la zona y el personal no puede llegar. Hay personas desmayadas por el gas. Llega el primer herido al HBC que presenta una quemadura en la mano por una bomba de gas lacrimógeno. Se oyen disparos de arma de fuego cerca del hospital, por lo que éste cierra sus puertas.

8:30-9:00 a.m.

Los cuerpos policiacos logran llegar frente al panteón, el otro grupo a las nopaleras entre el hospital y el panteón. Desde allí se realizan disparos. Queman vehículos en inmediaciones del panteón, entre ellos un tráiler de pollos. Policías avanzan hacia la población y continúan disparando gases lacrimógenos. Desde la iglesia y radios locales se escuchan llamados de auxilio y apoyo para sacar a los heridos y atenderlos. La PF detiene en el panteón a un grupo de 18 personas que se encontraban cavando una tumba. Los agentes de la policía suben a los detenidos a patrullas para sacarlos del lugar y los entregan a la Policía Estatal.

9:00-9:30 a.m.

Policías disparan contra manifestantes enfrente del panteón. Un helicóptero sobrevuela la zona. El hospital básico comunitario se encuentra en medio de la balacera derivado del propio movimiento envolvente realizado por la policía. Caen bombas de gas lacrimógeno en el techo del HBC.

9:30-10:00 a.m.

Se escuchan detonaciones de arma de fuego en inmediaciones del Hotel Juquila, hasta donde elementos policiacos logran avanzar. Cae gravemente herido el joven Óscar Luna Aguilar, quien fallece minutos después. El mercado se levanta y los negocios en el centro de la población cierran.

10:00-10:40 a.m.

La población repliega a la policía y estos se reagrupan a la altura del hospital. Llegan refuerzos policíacos, entre ellos elementos de Gendarmería. Un helicóptero realiza vuelos rasantes.

10:40-11:20 a.m.

Policías retroceden hasta la gasolinera. Desde la Vulcanizadora Reyes, elementos de la Policía Federal, división de Gendarmería, empiezan a disparar sus armas de fuego. Manifestantes colocan un autobús de la línea Sur en línea recta para cubrirse de los disparos, mismo que, antes de quemarse, estaba lleno de impactos de bala. Las ambulancias sacan heridos de la zona.

11:20 a.m.

PF es replegada hasta el puente de la supercarretera.

11:25 a.m.

Yalid Jiménez es alcanzado por una bala mientras ayudaba a sacar heridos del lugar.

11:30 a.m.

Jesús Cadena y Anselmo Cruz Aquino reciben impactos de bala.

1:00-1:30 p.m.

Pobladores identifican un nuevo ataque con presencia de helicópteros en la zona.

1:30-2:30 p.m.

Manifestantes rompen la valla de la PF, que empieza su repliegue y avanzan aproximadamente dos kilómetros sobre la supercarretera, donde están esperándoles un número aproximado de 18 camiones y 20 camionetas. En su retirada continúan disparando sus armas de fuego.

Nuevo sobrevuelo del helicóptero, que lanza gas y desde donde se realizan disparos de arma de fuego para cubrir la retirada de la PF.

2:30 p.m.

Pobladores capturan a dos policías federales (un hombre y una mujer) que se quedaron atrás durante la retirada. Ante esto, agentes de la policía se bajan de sus unidades y empiezan a activar sus armas de fuego para tratar de recuperarlos; al no lograrlo se retiran. Maestros rescatan a los elementos policiacos, que son entregados a la parroquia para su atención y resguardo.

2:30-3 p.m.

Se retira la PF de la localidad. Prevalece el caos en la población durante la tarde y noche. Es quemado el palacio municipal, sede de diversas oficinas, entre ellas el registro civil y correos. Se cuentan seis personas asesinadas, quienes esperan a la realización de la necropsia en una funeraria de la población.

*Realizada con información recopilada por organizaciones como Fundar y Código DH.

Las armas que llegaron “muy al final”

El 19 de junio por la noche, el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos, presente en la conferencia de prensa, aseguró que sí hubo personal de la corporación con armas de cargo –lo que en un principio negaron autoridades federales–, pero ya muy al final del acto, cuando se nos informó que había civiles armados disparando. Ya no se trata de un desalojo, sino de desactivar la violencia.

Insisto, dijo el comisionado Galindo Cevallos frente a Gabino Cué, efectivamente, al final, muy al final (del operativo de desalojo), llegó en apoyo un grupo de la PF que portaba sus armas de cargo. Ya había pasado todo, ya habíamos ordenado el repliegue de todas las policías.

Destituido dos meses después

Tras cuatro años en el cargo, Enrique Galindo dejó el 29 de agosto el cargo de comisionado general de la Policía Federal. En su lugar fue nombrado el exjefe de la Gendarmería, Manelich Castilla Craviotto.

El presidente Enrique Peña Nieto decidió retirar a Enrique Galindo tras la divulgación de un informe de la CNDH que documentó cómo elementos de la Policía Federal cometieron al menos 22 ejecuciones extrajudiciales durante un operativo en Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el objetivo de retirarlo del cargo es que se lleve a cabo una pesquisa transparente.