“El 21 de junio de este año sucedió una masacre en Huazantlán del Río (San Mateo del Mar, Oaxaca)”. Para Agustina Roldán Terrazas, el asesinato de 15 habitantes de la agencia es algo inexplicable: “algo que no podíamos creer, la gente misma, las personas matan a sus hermanos”. Sin, embargo, como agrega la sobreviviente de la masacre, es un hecho por el que, a un mes de ocurrido, las familias y víctimas siguen sin recibir justicia.
PIDEN INTERVENCIÓN DE LA CIDH
Este martes, sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre del 21 de junio y la madrugada del 22 de junio exigieron justicia y la intervención urgente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que investigue este delito “de lesa humanidad”. Asimismo, que un grupo multidisciplinario de expertos independientes sea parte del proceso, así como ocurrió con el caso Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, y junto a organizaciones sociales que aseguraron dar cobijo a la exigencia de justicia, otras de las demandas fue la suspensión y cese de los altos funcionarios que, señalan, están inmiscuidos en la masacre y que han sido denunciados desde el pasado 2 de mayo. Como ello, pidieron transparentar las investigaciones que en torno al caso han hecho la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
Auxilio y prevención de ataques futuros a víctimas y sobrevivientes fue otra de las exigencias, lo mismo el que se permita el acceso por las vías terrestres y marítimas, pues se encuentran cercadas por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. Y según denunciantes, tienen que pedir permiso a quienes controlan la zona para decidir quién entra o sale del municipio.
NULA RESPUESTA
La mañana de ayer, Agustina, María del Rosario, Samuel y Alejandrino, algunos de los sobrevivientes de la masacre que cobró la vida de 13 hombres y dos mujeres dijeron que desde el estado han tenido nula respuesta. Esto en virtud de que pese a haber acudido a declarar sobre los hechos, aún no se ejecutan órdenes de arresto en contra de las y los responsables, entre los que señalan a José Luis Chávez Salinas, agente de Huazantlán del Río, y como quien encabezó el ataque.
Así como a Camerino Dávalos Larrinzar, Laura Fiallo Sandoval, entre otros quienes, refieren, han efectuado actos de terrorismo que los han obligado a salir de sus comunidades, al igual que una seis decenas de personas y más de un centenar de afectadas. Aunque también nombraron a funcionarios como Adelfo Regino Montes, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y Anabel López Sánchez, organizaciones gubernamentales y al antropólogo Alejandro Castaneria Yee Ben por entorpecer las investigaciones.
EXIGENCIA DE JUSTICIA
“No queremos quedarnos de brazos cruzados por la muerte de nuestros compañeros y compañeras del 21 de junio. Exigimos justicia para que los asesinos priistas que se encuentran en San Mateo del Mar y colonias estén tras las rejas”, dijo Alejandrino Abasolo Mora, uno de los sobrevivientes. Y a lo que sumó Samuel Hurtado Pedrozo, quien aunque sigue con vida, pero perdió a su padre en la masacre.
“Hago un llamado a la CNDH porque veo que no están actuando, veo que no están haciendo nada para apoyarnos. Pido justicia a la Fiscalía porque veo que no están avanzando”, dijo Agustina Roldán Terrazas. Por su parte, María del Rosario Vera Salazar, otra sobreviviente, se sumó al reclamo para que víctimas como Okas Marisa Rangel tengan justicia.
“Demandamos verdad, justicia y no repetición de estos hechos, así como reparación del daño para las víctimas”, señalaron las organizaciones sociales que se presentaron en la conferencia: Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha, UACOL; Bloque Comunitario del Sur, Movimiento de Acción Social, Frente Popular Revolucionario, FPR; y el Consejo de Comunidades Indígenas de la Región Loxicha y Sierra Sur. Y las que junto a los abogados de las víctimas no descartaron que la masacre se relacione con intereses económicos en la zona.
Dos días después de la masacre, el 23 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya había comunicación con el gobierno de Oaxaca y que aunque se trataba de “una situación muy triste, lamentable”, la describía como una confrontación por el gobierno municipal. Y que como gobierno federal intervendría buscando la conciliación, el diálogo y la paz.
