Luego de que su familia, junto con unas 300 más se desplazaran por hechos violentos ocurridos en comunidades de San Esteban Atatlahuca, la niña Benita H. B., falleció a la edad de 3 años. Presentaba problemas de diarrea y un alto grado de desnutrición.
El representante del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) A. C., Maurilio Santiago Reyes, dio a conocer que el lamentable deceso ocurrió el pasado 27 de marzo.
La menor, originaria de Guerrero Grande, perteneciente a Atatlahuca, recibía atención médica en el Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar de la ciudad de Tlaxiaco, pues presentaba problemas de diarrea y un alto grado de desnutrición.
“Benita fue desplazada violentamente junto con su familia el 22 de octubre de 2021, ya que autoridades de San Esteban Atatlahuca quemaron sus casas, por lo cual diversas familias de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji fueron desplazadas”, dijo.
Recordó que estas acciones incluyen más de 100 casas quemadas, situación que produjo el desplazamiento interno forzado de más de 300 familias de ambas comunidades.
Algunas han vuelto a sus poblaciones y se encuentran viviendo en la iglesia de la comunidad, o en casa de sus familiares y vecinos porque sus casas fueron quemadas”, especificó.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 23 de diciembre de 2021, por estos hechos emitió la medida cautelar MC-1050-21.
En ella llama al Estado Mexicano a: “Proteger los derechos a la vida e integridad personal de las familias indígenas de las comunidades de Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, a través de medidas culturalmente adecuadas, dirigidas para proteger sus derechos y en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores”.
En este contexto, también se reportó la desaparición forzada de Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Ruiz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios y de Irma Galindo Barrios.
El 31 de diciembre de 2021, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió una Acción Urgente, en la que solicita al Estado Mexicano su búsqueda inmediata.
El CEDHAPI advirtió que prevalece una situación de riesgo en la comunidad indígena de Guerrero Grande; el 31 de diciembre de 2021 fueron quemadas las casas de los ciudadanos Lucas Riaño Sandoval, Bartolomé Barrios Reyes, Juana Bautista Sandoval, Porfiria Hernández Bautista, María Hernández Bautista y Cornelio Hernández Bautista.
Además del cumplimiento de la medida cautelar emitida por la CIDH, CEDHAPI pidió apoyo humanitario urgente a las familias desplazadas de ambas comunidades, en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
