El 16 de junio el comité de víctimas de Nochixtlán se trasladó a la Ciudad de México para presentar ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra el Estado mexicano por la omisión en la investigación de los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016, cuando una acción coordinada entre las policías Federal y Estatal generó un enfrentamiento con pobladores que causó seis muertos y al menos 150 heridos, muchos por disparos de arma de fuego.
El presidente del Comité de Víctimas de Nochixtlán, Santiago Ambrosio Hernández, descarta que se trate de un acto ingenuo por parte de los afectados -denunciar al Estado frente al Estado-, sino de una estrategia para exhibir la agresión de la que acusan son víctimas. Ese Estado, señalan, es omiso y se ha negado a investigar y a esclarecer los hechos. El Estado, lo saben, está rebasado y han solicitado la intervención de instancias internacionales, en específico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los llamados de auxilio de las víctimas de Nochixtlán han sido escuchados. El sábado recibieron la visita del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, del representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Jan Jarab, y del ombudsman estatal Arturo Peimbert.
“No somos fiscales, queremos conocer la verdad, México, la sociedad, quiere conocer la verdad para empezar a reconstruir el tejido social”, expresó Jarab.
Sin reparación del daño
El 26 de julio de 2016, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), dependiente de la Secretaría de Gobernación, anunció la asignación de dos millones de pesos para apoyar a las víctimas de Nochixtlán, entre ellas las niñas, niños y adolescentes que participaron y fueron testigos del enfrentamiento con la policía el pasado 19 de junio.
El presidente de la comisión, Jaime Rochín, explicó en una reunión con diputados federales que los policías también fueron víctimas de delitos en esa ocasión.
Meses después, en noviembre pasado, el día 18, el subsecretario de los Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, también ante legisladores federales, anunció un informe preliminar de personas heridas en Nochixtlán que recibieron atención médica por su intermediación.
Dijo que el 19 de junio hubo 89 personas lesionadas, siete fallecidos, “todas las personas que requirieron intervención médica fueron atendidas, 15 personas con heridas de bala, 13 personas con afectaciones oftalmológicas, 10 personas que requirieron atención dental, son las personas que se atendieron”, señaló.
Asimismo detalló los gastos realizados por el gobierno federal en atención médica y psicológica: “entre gastos médico y funerarios principalmente fueron 4 millones 329 mil pesos, de los cuales por concepto de gastos hospitalarios, análisis clínicos y servicio de ambulancias (2 millones 585 mil); gastos funerarios (un millón 217 mil pesos); alimentación (480 mil pesos), y hospedaje (46 mil pesos)”.
Con ese dinero, acusa Ambrosio Hernández, “no hubo reparación, lo único que hizo mucho ruido fue el recurso de 4 millones que se entregó referente a gastos funerarios y médicos de las familias de parte del gobierno”, dijo.
Fueron 115 los afectados que recibieron el apoyo económico y 34 sin este reembolso por los gastos realizados para la curación de los pacientes. Muchos de los afectados han rebasado ya los recursos entregados por el gobierno y han asumido el pago de su atención médica.
PGR, inmóvil
La Procuraduría General de la República (PGR), la instancia encargada de esclarecer cómo ocurrieron los hechos del 19 de junio, se encuentra envuelta entre pretextos.
El delegado de la dependencia en el estado, Javier Martín Villanueva Hernández, explica que en las tres ocasiones que personal ha acudido con los peritos y agentes del ministerio público, el Comité de Víctimas ha impedido llevar a cabo las diligencias para determinar si la Policía que participó en el desbloqueo de la carretera 135 fue responsable de la muerte de pobladores de la comunidad.
Para los integrantes del Comité de Víctimas, sin embargo, esa posición es solo una forma de encubrir que la PGR se niega a atender una de sus principales exigencias: que tome la declaración de las víctimas.
