Un grupo de habitantes de la Villa de Mitla denunció ayer la inscripción de más de un centenar de personas al Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) sin, con la presunta falsificación de firmas y documentos.
Entre la lista de las 230 personas que fueron inscritas al Programa sin su consentimiento, se encuentran dos fallecidos hace 7 meses y 3 años, que supuestamente recibirían el recurso que la Sedesol envió a las autoridades municipales de Mitla desde marzo.
Con documentos en mano, los denunciantes que prefirieron omitir su nombre por miedo a represalias, explicaron que todo inició porque un grupo de mujeres que sí se inscribieron al programa desde 2017, acudieron al municipio para saber cuándo recibirían el recurso.
Al mismo tiempo de que las autoridades negaron que el dinero fuera liberado por las instancias correspondientes, se obtuvo una lista de los 230 supuestos beneficiarios del programa, de los cuales, 180 no habían metido documentación.
Los que descubrieron su nombre sin su autorización, acudieron a la Sedesol para saber de la situación y ahí corroboraron que la dependencia ya había enviado el recurso al municipio para el supuesto pago en marzo de este año.
Por esta irregularidad, un grupo de 50 personas conformó un Comité para acudir a la Sedesol el jueves de la semana pasada, donde se les informó que el monto total enviado al municipio fue de 700 mil pesos, incluyendo herramienta y material que se ocuparía.
Ante esta irregularidad, los integrantes del Comité volvieron al municipio para exigir el recurso que las autoridades municipales habían solicitado a su nombre, pero la respuesta fue que no había dinero y no se entregaría por la veda electoral.
Por esta respuesta, el Comité acudió nuevamente este lunes a la Sedesol acompañados por habitantes de otras dos poblaciones cercanas a la Villa de Mitla, para constatar que el recurso ya había sido enviado.
Por la insistencia de los inconformes, integrantes del Comité señalaron que apenas este martes las autoridades les entregaron 2 mil 300 pesos, pero se mantienen preocupados por el uso indebido de los datos personales para la obtención de más recursos de programas federales.
