Con el fin de prevenir una desestabilidad social que pudiera generarse por la comisión de delitos electorales durante el proceso electoral concurrente que se avecina en el que habrá elecciones federales y locales, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Oaxaca (CCSP), llevó a cabo un foro de diálogo con diversos sectores de la sociedad y con las autoridades y organismos electorales.
El presidente del Consejo Ciudadano, Óscar Osorio Rosal, expresó la importancia de que la ciudadanía conozca cuáles son los delitos electorales para que no sean sancionados con la pena privativa de la libertad por caer en la comisión de delitos, y que durante el proceso electoral se genere un ambiente de confianza.
Dijo que la ciudadanía se apasiona durante los procesos electorales sin conocer la dimensión legal que podrían afectarles: “es prevenir para que no se genere una desestabilización social, una situación directa a la sociedad que puede ser objeto de sanción penal o privados de su libertad por desconocimiento”, señaló.
Por su parte, el vocal ejecutivo de la junta distrital 03 con sede en Huajuapan, Román Santiago Mendoza, destacó que las autoridades municipales deben conocer que la Constitución como carta magna en el país, prohíbe resaltar qué autoridad o gobernante realizó la obra, porque son recursos públicos y no personales los utilizados en la ejecución de la obra.
También refirió que una vez arrancadas la campaña electoral queda suspendida totalmente la comunicación social de un municipio para anunciar obras o acciones de los presidentes municipales, a menos que se trate de una contingencia de salud o de educación.
La fiscal especializada en delitos electorales de la fiscalía General del Estado de Oaxaca, Esther Aracely Pinelo Pérez Fiscal dio a conocer que los diferentes delitos electorales pueden denunciarse ante cualquier agente del ministerio público. En el caso de la Vicefiscalía Regional de la Mixteca, cuando se trata de una elección local y ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que es un organismo de la Procuraduría General de la República.
Señaló que los delitos los pueden cometer cualquier ciudadano, funcionarios electorales, servidores públicos o ministros de culto entre otros y van desde el acarreo o transporte de votantes en la jornada electoral, para coaccionar el voto, retención de credenciales, condicionar a los subordinados para realizar actos proselitistas, pagar cuotas para la campaña.
