Persisten violaciones a derechos de los hablantes de mixteco
Urge que las instituciones faciliten intérpretes que hablen y entiendan la lengua materna
Daita López, defensora de los derechos de los pueblos indígenas en Tlaxiaco, habló de la urgencia de que las instituciones faciliten intérpretes que hablen y entiendan la lengua materna en esta región de la Mixteca.
La también integrante de la Regiduría de Equidad y Pueblos Originarios de este municipio, dijo que las quejas en contra de las dependencias y los funcionarios es una constante por qué no pueden entender o expresarse en el castellano.
Destacó que las quejas emanan más de las personas adultas, en un 80 por ciento, y la mayoría son hablantes de alguna variante del Mixteco.
Agregó que falta más presión para que la ley sea tomada en cuenta y haya intérpretes en las dependencias para que atiendan a las comunidades en cada una de sus necesidades como un derecho constitucional.
Por ello desde este espacio para los pueblos originarios estamos haciendo este acompañamiento a la gente de las comunidades a fin de poder defenderlos, canalizar y vincular sus peticiones a fin de que los pueblos de la Mixteca puedan ser escuchados y tendidos”, apuntó.
Pedro Luis Chávez, narró su historia en la cual familiares sufrieron un fraude por un empresa que les ofreció créditos, sin embargo, después de haber confiado y perdido sus recursos, en la Fiscalía Regional no pudieron hacer mucho, ya que la atención no fue la óptima, además de que poco pudieron hacer a la hora de rendir una declaración al no poderse explicar y dar a entender su denuncia, por lo que jamás prosperó por la falta de asistencia de un intérprete que les facilitara este proceso.
Casos como estos se dan todos los días en los pueblos y las comunidades de la Mixteca donde a las víctimas las revictimizan al no poder tener apoyo, hablar y tratar con personal que hable su lengua natal.
Finalmente, la asistencia a los pueblos indígenas sigue siento letra muerta, relatan pobladores, toda vez que la ausencia de intérpretes y personal capacitado los limita, excluye y aleja de poder tener acceso a los programas, incluso a la justicia.
