Toman y clausuran el palacio municipal de Santa Catarina Juquila

Representantes de bienes comunales de Santa Carina Juquila, de los diferentes barrios que conforman la comunidad del santuario mariano de la costa oaxaqueña y de la Mesa Directiva de la población que se rige por sistema de partidos políticos decidieron cerrar y tomar el palacio municipal de esta población en protesta a la mala administración del presidente municipal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Felipe Juárez Guzmán.

En una asamblea realizada en la explanada, parque y plaza central de la población y a la que acudieron cientos de habitantes de la comunidad, barrios y agencias, los inconformes denunciaron falta de obras, opacidad en el manejo de recursos de las participaciones federales y opacidad con aplicación de recursos liberados por las afectaciones causadas por el huracán Agatha en este pueblo mágico el año pasado.

En una asamblea comunitaria que se extendió por más de dos horas, los habitantes y representantes de los barrios y agencias discutieron y decidieron cerrar y colocar sellos de clausura a las oficinas municipales donde, acusan, el Presidente Municipal Felipe Juárez Guzmán, está ausente, se niega a recibir en audiencia a representantes de los barrios y agencias.

En la asamblea tomaron la palabra alrededor de una decena de personas, todas coincidieron en el desgobierno, carencias de obras, pésimas condiciones de la infraestructura municipal, caminos dañados, desatención en el parque municipal, falta de agua y diversas irregularidades en la aplicación de recursos.

Leyeron un documento entregado el 24 de noviembre durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el gobernador, Salomón Jara. El oficio, de 10 puntos señala la permanente ausencia del Felipe Juárez en el palacio municipal y el incumplimiento de sus obligaciones administrativas.

Dan cuenta también de la falta de transparencia en la aplicación de recursos de los ramos 28 y 33 ante las nulas obras y opacidad con apoyos federales liberados tras el paso del huracán Agatha, el año pasado, estimados en 30 millones de pesos. Recordaron la falta de seguridad jurídica para la construcción de la Universidad Benito Juárez en Juquila, los errores de la administración que no han sido enmendados e impiden el levantamiento del edificio sede de tal universidad.

Dentro del decálogo incluyeron el problema y las penurias de la unidad de salud que carece de médicos, de especialistas, insumos y medicamentos. La carencia de proyecto para abastecer de agua a la población y que impide brindar un buen servicio al turismo, además de problemas con la subestación eléctrica.

Impulsado por representantes de bienes comunales, en el pliego de peticiones se incluyó la pronta solución y entrega de hectáreas en disputa con sus vecinos de Santiago Yaitepec, con quien disputan mil 180 hectáreas y ha afectado a El Pedimento.

Además, han insistido en la presencia de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de visitantes y habitantes del pueblo mágico pues “se carece de una buena policía municipal”, señaló el representante de uno de los barrios.

En el palacio municipal apenas se encontraba una patrulla y otra unidad de protección civil y los manifestantes fueron los encargados de colocar cartulinas para “clausurar” y tomar el palacio municipal tras señalar imposibilidad de entrar dado que las puertas habían sido bloqueadas por dentro.

De acuerdo con fichas de la Secretaría del Bienestar, Santa Catarina Juquila tiene 16 mil 400 habitantes en 36 localidades. Tres de cada 4 habitantes de Juquila están en la pobreza, el 75.6% y el 92% de su población es católica. En 2022 recibieron recursos por 27 millones de pesos.

En un comunicado oficial liberado por la administración de Felipe Juárez Guzmán rechazó que el Comisariado de Bienes Comunales cuente con facultades legales para convocar a una asamblea comunitaria como la celebrada en miércoles. Rechazó enfrascarse en una disputa que calificó “personal o política” y dijo que “no se llevará por actos que contravengan la paz social y la tranquilidad.

El gobierno del estado ni el congreso se han pronunciado al respecto.