La colectiva Marea Verde Mixteca se pronunció en contra de la decisión del juez Teódulo Pacheco Pacheco, quien determinara que Juan Antonio Vera Carrizal, a quien se le imputa el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de María Elena Ríos Ortiz, siga el proceso penal desde su domicilio.
Integrantes de la colectiva Marea Verde Mixteca nos pronunciamos en contra de la decisión dada por el juez Teódulo Pacheco Pacheco, que ‘tras una audiencia maquillada y un acuerdo pactado’ -como lo señaló la víctima-, dejó en libertad a Juan Antonio Vera Carrizal, quien intentó asesinar a nuestra hermana María Elena Ríos con ácido”, externaron.
También se dijeron cansadas de la corrupción y de la impunidad que existe en perjuicio de las mujeres oaxaqueñas que llevan procesos legales por distintos delitos, y “de todas las excusas que ponen para no hacer su trabajo, de dejarnos desprotegidas”.
Ahora la vida de María Elena corre nuevamente peligro”, alertaron en un pronunciamiento emitido este domingo, luego de que el sábado 21 de enero se anunciara dicha determinación, en la cual, presuntamente el imputado permanecerá en arraigo domiciliario, bajo resguardo de personal de la Policía Estatal y con un dispositivo en el tobillo que permitiría monitorear su ubicación.
Asimismo, Marea Verde Mixteca manifestó que se suman a la exigencia de justicia, mujeres de la Cuenca del Papaloapan, de la Costa, la Sierra, Cañada, del Valle, del Istmo, además de la Mixteca, quienes no permitirán que se sigan vulnerando los derechos de la víctima, apasionada de la música, específicamente del saxofón.
Este lunes, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, también refutó dicha resolución, pues dio a conocer que “no existen las condiciones materiales para dar cumplimiento al cambio de medida cautelar”.
El domicilio no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad y el gobierno del estado no cuenta también con el personal necesario para garantizar que el procesado no evada la acción de la justicia”, advirtió.
Por lo tanto, “solicitaré respetuosamente al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, que inicie los procedimientos correspondientes para garantizar que la condición del juez estuvo apegada a derecho, en caso contrario, deberán aplicarse las sanciones correspondientes y dejarse sin efecto su resolución”.
Agregó que ya solicitó también a la Fiscalía General del Estado, un informe detallado del caso.
