En Oaxaca hay dos tipos de riqueza, una, la que se presume en todo el mundo, la que se menciona en todos los discursos oficiales, la que es útil para fines turísticos, como la Guelaguetza y el Centro Histórico, la que se puede explotar comercialmente, como la producción de mezcal; otra, la segunda, es la que se ha perdido, la que se permite deteriorar todos los días, la que se esconde, se omite, se ignora o se niega.
El río Atoyac aunque alguna vez fue un paisaje fue turístico, que fue parte de la grandeza natural del estado, ahora es un basurero, un lugar para la depredación, el río Atoyac, un afluente que recorre casi 300 kilómetros y más de mil localidades, uno de los más importantes del sur de México y del país.
“La protección que le ha dado a este río es de papel”, acusa el abogado director de Litigio Estratégico Indígena, Carlos Morales Sánchez, quien llevó ante las instancias judiciales federales una serie de demandas de amparo contra autoridades de los tres niveles de gobierno para que protejan y rescaten este río y que el 26 de marzo de 2017 obtuvo una victoria, una orden para que se realicen tareas para restaurar ecológicamente y sanear la contaminación de los ríos Salado y Atoyac.
En respuesta a ese amparo que otorgó la juez del primer juzgado federal de distrito, Elizabeth Franco Cervantes, el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional del Agua y el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán negaron la realidad con una respuesta burocrática “ya estamos trabajando”. Otra autoridad involucrada, que ha utilizado las riberas como basurero, el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, entonces bajo el gobierno de José Antonio Hernández Fraguas dio una respuesta aún más grave: el río no está sucio.
La sentencia
La juez Franco Cervantes, titular del juzgado I de distrito, tomó el caso y el 26 de marzo pasado otorgó un amparo por la omisión de las autoridades de adoptar medidas para restaurar ecológicamente y sanear la contaminación de los ríos Atoyac y Salado que atraviesan la ciudad de Oaxaca de Juárez y su zona conurbada.
En los argumentos de su sentencia, la juez expone los riesgos que implica la contaminación de los cuerpos de agua que son utilizados por la población. Retoma un informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que en su relatoría especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento ha denunciado que en el mundo “más personas mueren por aguas contaminadas que por guerras o por otras formas de violencia”. También advierte que la gestión inadecuada de las aguas residuales limita el desarrollo, pone en peligro los medios de vida y aumenta la pobreza.
“La contaminación del agua a menudo afecta mucho más a las comunidades más pobres que a otras, pues la falta de infraestructura las obliga a utilizar fuentes insalubres”, expone el documento, que además exhibe a las autoridades que las leyes que protegen el derecho humano a un medio ambiente sano, entre ellas la Constitución nacional, no pueden limitarse a ser “una norma programática”, “buenos deseos constitucionalizados” o “poesía constitucional”, sino que son un mandato concreto.
Defensa de “papel”
El 9 de marzo de 2017, más de un año después de haber tomado posesión como secretario de Medio Ambiente, José Luis Calvo Ziga convocó a medio centenar de funcionarios, representantes de los poderes Ejecutivo estatal y federal, del Legislativo local y autoridades municipales para firmar un acuerdo para la conservación, protección, preservación y saneamiento de los ríos Atoyac y Salado.
Entre los nombres de los firmantes destacaron el del presidente de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, el de quien buscaba sucederlo, Samuel Gurrión Matías, entonces en su calidad de presidente de la comisión de Recursos Hidráulicos del Congreso estatal.
También firmaron el documento los entonces delegados de Semarnat, José Ernesto Ruiz López; de Profepa, Nereo García; de Conafor, René Estrella Canto; el encargado de la dirección de Conagua Pacífico-Sur, Noel Espinosa Hernández; tres secretarios estatales, el de Infraestructuras, Fabián Herrera; de Desarrollo Agropecuario, Carlos Grau López, y el propio Calvo. Hay firmas de 36 presidentes municipales de Valles Centrales, desde San Francisco Telixtlahuaca, donde se origina el río Salado, hasta Nazareno Etla, San Pablo Huixtepec, La Ciénega Zimatlán y Zaachila, entre otros.
El documento reconoce que el río Atoyac es “el principal cuerpo de agua de los Valles Centrales”, “vital para la evolución de los ecosistemas de esta región” y “referente fundamental de su historia”. El documento señala que en las últimas dos décadas los ríos Salado y Atoyac han sido considerados como “tóxicos”, a causa principalmente del vertido de aguas residuales que no han sido tratadas y del incumplimiento por parte de empresas de la Norma Oficial Mexicana 001 referente a descargas de aguas residuales a cuerpos de agua. La contaminación, expone el acuerdo, ha generado desde enfermedades gastrointestinales y renales hasta la contaminación de acuíferos que sirven para el riego agrícola.
Como compromiso establece: “atender en forma conjunta la problemática de los ríos Atoyac y Salado a través de acciones de los tres órganos de gobierno de acuerdo al ámbito de sus competencias”.
“No hay acciones ni sanciones en este documento, es un documento de buena voluntad”, acusa Morales, de Litigio Estratégico.
