El cabildo de Oaxaca de Juárez decidió este jueves eliminar el dictamen con el que se buscaban reactivar los trámites y licencias para cambio de uso de suelo, subdivisión y construcción en la aún indefinida reserva ecológica Cerro del Fortín-Crestón y Cruz Blanca, decretada por el gobierno estatal el 14 de noviembre de 1992.
Esto al considerar que es necesario un diálogo y trabajo junto con el gobierno del estado para delimitar esta zona de reserva ecológica y un plan de manejo integral de la misma.
Este jueves, el cabildo tenía previsto someter a votación el dictamen CAMCC/COPDU/001/2023, propuesto por las comisiones unidas de Obras Públicas y Medio Ambiente, y que presiden los regidores Pavel López Gómez y Jesús Joaquín Galguera.
Con este dictamen se dejaban sin efecto los acuerdos de noviembre de 2021 y junio de 2022, mismos que desde el 18 de noviembre de 2021 mantienen suspendidos los trámites para cambios de uso de suelo, subdivisión, licencias de construcción, entre otros que afecten las dos áreas naturales protegidas de la capital (la de los cerros del Fortín, Crestón y Cruz Blanca y la del Parque Nacional Benito Juárez) y hasta en tanto no exista un plan de manejo integral que deben hacer el gobierno estatal y el municipio.
La decisión del cabildo fue durante una sesión a la que también asistieron el ambientalista Carlos Morales, de la asociación Colmillo Blanco, y personas que se han identificado como propietarias de terrenos en la colonia Lomas del Crestón y ejidatarias de predios en la agencia Guadalupe Victoria.
Pavel López Gómez, principal impulsor del levantamiento de las restricciones, señaló que el retiro del dictamen se debía a que el ayuntamiento no debía tener “resoluciones que confronten a la ciudadanía”. Aunque agregó que es necesaria la solución a una “problemática” que, dijo, data de más de 30 años con la construcción del Libramiento Norte.
Desde su perspectiva, este problema ha afacetado a más de 25 mil propietarios de predios, ejidos y demás terrenos en las 48 colonias del municipio.
Se espera que este viernes, tanto el gobierno estatal como el municipal se reúnan para abordar los pasos a seguir respecto a la zona de reserva que sigue indefinida. Sin embargo, a su parecer lo que se tiene que hacer es un nuevo decreto para delimitar la zona de reserva y su manejo.
Carlos Morales, uno de los ambientalistas que en las últimas semanas ha sido agredido verbalmente por defender la zona bajo el criterio de un beneficio común, consideró que lo resuelto en el dictamen rebasa las capacidades y facultades del ayuntamiento. Esto al permitir cambios de uso de suelo, subdivisiones y construcciones sin antes contar con una delimitación que garantice que no se invada la zona de reserva ecológica.
En entrevista, el también presidente de la asociación civil Colmillo Blanco, explicó que lo primero que se tiene que hacer es la delimitación de la reserva y, en su caso, indemnizar a quienes comprueben ser propietarios.
Sin descartar que en el Crestón hay intereses de inmobiliarias, algo ya confirmado por el gobierno estatal, Morales señaló que las resoluciones del dictamen también incurrían en irregularidades.
Asimismo, criticó que hasta el momento la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad se ha mostrado desinteresada en la solución del problema.
