Después de que al congreso del estado llegó el caso de la denuncia en contra del presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, por presuntamente ejercer violencia política en razón de género, el edil capitalino negó haber actuado de tal manera.
El caso sigue aún en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO). Sin embargo, previo al fallo o sentencia, el concejal dijo estar “totalmente tranquilo”. “Si algo nos distingue aquí, y las grabaciones son expeditas, es el respeto a las personas; a las mujeres, en primer término”.
Esta es la segunda ocasión en la que el municipio capitalino se ve envuelto en un caso de presunta violencia política. En la pasada administración, el ex edil Oswaldo García Jarquín fue acusado de ejercer violencia política por razón de género en contra de Jaquelina Escamilla Villanueva, a quien destituyó como directora del Instituto Municipal de la Mujer.
Aunque finalmente solo se consideró como violencia política, el municipio tuvo que ofrecer una disculpa pública a Escamilla. Pero siguen pendientes otras resoluciones como la restitución en el cargo y los salarios caídos. Sobre este caso, Martínez Neri se dijo dispuesto a respetar los acuerdos y sentencias.
Este miércoles, al seno de la 64 legislatura local llegó un acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) sobre el caso de la concejal de Derechos Humanos de la ciudad, Mirna López Torres, quien acusó al edil y a la secretaria municipal de ejercer violencia política en su contra.
Aunque el caso aún no se ha resuelto, el congreso aprobó exhortar a Martínez Neri y a la secretaria municipal “para que se abstengan de realizar cualquier acto de molestia que pueda configurarse en algún tipo de violencia en razón de género, especialmente la de índole político en contra de la ciudadana Mirna López Torres”. Esto, explicaron, en tanto “la violencia puede ser objeto de sanciones”.
El exhorto fue aprobado a propuesta de las comisiones de derechos humanos e igualdad de género del congreso, “en cumplimiento al acuerdo con fecha 28 de marzo acuerdo, dictado por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dentro del expediente JD6/623/2022”.
Previo a la aprobación del exhorto y si bien reconoció que la violencia política es un cáncer que se debe eliminar, el diputado Sésul Bolaños detalló que mientras el tribunal no resuelva el caso, el congreso “carece de atribuciones para establecer medidas de protección”.
Solo una vez resuelto, “y en su caso comprobada la violencia política por razón de género, el congreso puede actuar para suspender o incluso revocar el mandato de la o las personas del ayuntamiento que resulten responsables, pero no antes de la resolución. Y el asunto aún no se ha resuelto”.
