A menos de un mes de haberse turnado a análisis y en medio de la confrontación entre presuntos propietarios y ambientalistas, las comisiones unidas de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y la de Medio Ambiente y Cambio Climático acordaron dejar sin efecto los puntos de acuerdo por los que desde el 18 de noviembre de 2021 y en tanto no exista un plan de manejo integral están suspendidos los trámites de cambio de uso de suelo, subdivisión, licencias de construcción y otros que afecten a las reservas ecológicas de la ciudad de Oaxaca.
Sin embargo, es el cabildo el que tendrá la última palabra para aprobar o no el dictamen, el cual se pretende someter a votación en la sesión ordinaria de cabildo de este jueves por parte de las comisiones que presiden los regidores Pavel Renato López Gómez y Jesús Joaquín Galguera Gómez.
El dictamen CMACC/COPDU/001/2023 pretenden anular los acuerdos de 001/CU/2021 (aprobado el 18 de noviembre de 2021) y el PM/PA/65/2022 (2 de junio de 2022) y es promovido aun cuando el gobierno estatal ha dicho que el municipio no puede dar autorizaciones o licencias en tanto no haya una delimitación de la zona de reserva ecológica estatal que se decretó el 14 de noviembre de 1992, durante el gobierno de Heladio Ramírez. Es decir, aquella que abarca los cerros del Fortín, Crestón y Cruz Blanca.
También se da en un contexto en el que la asociación Colmillo Blanco y el Colectivo de Organizaciones Ambientalistas de Oaxaca (COAO) han retomado su defensa por esta reserva, misma que ha generado el descontento de presuntos propietarios que los han agredido verbal y físicamente.
Sobre la indefinición y el avance de la mancha urbana en el Crestón, la propia consejería jurídica del gobierno estatal explicó que diversas inmobiliarias están interesadas en la eliminación de los acuerdos para poder construir en el Cerro del Crestón. Asimismo, que hay intereses de pequeños propietarios que compraron terrenos en la zona de reserva y de ejidatarios.
Aunque el gobernador, Salomón Jara, dijo que se trabaja en la delimitación de la reserva, también señaló que a ella llegaron “paracaidistas”, quienes “se fueron posesionando” al amparo de “algunos políticos” que permitieron “que se construyeran algunas casas”.
Si el municipio quiere autorizar cambios de uso se suelo en la zona, “no lo puede hacer porque hay un decreto”, dijo el gobernador recientemente. Sin embargo, Pavel López Gómez, regidor de Obras y principal promotor de la derogación de los acuerdos señala que con las restricciones se están limitando derechos de propietarios, más de 25 mil, según sus estimaciones.
Esto por los presuntos vacíos que el concejal señala sobre el decreto estatal de 1992 y otras supuestas irregularidades en el dictamen municipal por el que en 2010 se actualizaron las zonas de preservación ecológica, así como las irregularidades que a su parecer hay en los acuerdos del 2021 y 2022.
En el dictamen a votar este jueves también se ordena a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas atender las solicitudes de las “personas propietarias o poseedoras”. Asimismo, a que en un plazo de 180 días elabore un plan de manejo municipal sobre los asentamientos humanos para su regularización y que actualice el instrumento en materia de desarrollo urbano.
Entre otras, también ordena a la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático a que se coordine con el estado para delimitar la zona de reserva en cuestión en un plazo de 120 días.
