Por presuntos daños al patrimonio del centro histórico de la ciudad de Oaxaca, cometidos en los últimos años, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha interpuesto al menos 10 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin precisar la ubicación de los inmuebles afectados ni el año de las obras que derivaron primero en suspensiones y luego en los presuntos daños a los inmuebles, la delegación estatal del INAH dijo que las denuncias se basan en la Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos.
Cualquier intervención, y sobre todo cuando tiene que ver con un daño al patrimonio en varios aspectos, puede ser llevado incluso ante la Fiscalía General de la República”, advirtió Raúl Pacheco Pérez, arquitecto perito del INAH Oaxaca.
El funcionario aclaró que el no revelar qué inmuebles son parte de procesos penales se debe a la naturaleza de la secrecía que requieren las investigaciones. Pero que podrán conocerse si la FGR confisca tales inmuebles. Asimismo, advirtió que la cifra de denuncias podría aumentar y agregó que procesos como estos se han realizado en ciudades y estados como Tlaxcala, Ciudad de México, San Miguel de Allende y Guanajuato.
La intención es que no quede ninguno fuera de (sanciones), pero también es que entremos en conciencia: ¿por qué o para qué llegar a un tema de carácter legal o penal cuando en realidad es un tema de conciencia del cuidado y la conservación del patrimonio?”
De acuerdo con Pacheco, la gente que quiere su ciudad y su historia cuida el patrimonio “y no necesita de normas y de leyes”, por lo que más allá de lo legal el procurarlo abarca una cuestión ética.
Cerca de 40 suspensiones en lo que va del año
En lo que va del año, el INAH también ha suspendido cerca de 40 obras irregulares en el centro histórico por carecer de las autorizaciones correspondientes de la instancia federal. Estas suspensiones casi siempre van de la mano de un procedimiento similar que aplica la autoridad municipal y se dan, por ejemplo, cuando las intervenciones carecen de licencias o porque cambian los proyectos sin autorización de alguna o ambas instancias.
Sin embargo, es el ayuntamiento el único facultado para clausurar las obras.
En el caso específico porque el INAH, las suspensiones son con base en su competencia en materia de zona de monumentos históricos, en monumentos históricos y colindantes al mismo y por la Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos.
Generalmente, son porque “no cuentan con autorización de intervención a los inmuebles”, algo que se debe de solicitar tanto al INAH como al municipio.
Los directores responsables de obra (DRO) y los propietarios lo saben y si no lo saben, lo deben saber porque la omisión es parte de un tema que está debidamente normado” y que incluye procesos administrativos y posibles sanciones o incluso denuncias.
EL IMPARCIAL ha documentado varios casos en los que el INAH y el ayuntamiento, por ser jurisdicción municipal, han colocado incontables sellos de suspensión a las obras, una de las últimas en la calle Porfirio Díaz 112, sobre la que incluso la autoridad municipal publicó en sus redes sociales que se clausuró y tendrá que demolerse.
Hasta la tarde de este lunes, los sellos que se observaban en este inmueble catalogado eran de suspensión (tanto municipal como federal). Por los 10 sellos con el nombre de la Dirección de Centro y Patrimonio Histórico en tal obra, se estima que en lo que va del 2023 son 329 suspensiones aplicadas en esta zona de la ciudad.
Este diario buscó la versión de la Dirección de Centro y Patrimonio Histórico del ayuntamiento sobre las obras irregulares detectadas en esta zona declarada Patrimonio Mundial ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como de un arquitecto a cargo de una obra suspendida por el INAH, pero hasta la tarde de ayer no obtuvo respuesta de ambos.
El más reciente reglamento de aplicación del Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico fue publicado en junio de 2021 y se encuentra en revisión por parte de la actual administración municipal y el INAH.
Sin embargo, en él se señala que cualquiera de los inmuebles considerados como parte del patrimonio edificado y que se enlistan en el anexo del reglamento, “no se alterarán, modificarán o destruirán, salvo previa aprobación de la SCHPM (Subdirección de Centro y patrimonio Histórico)”, actualmente, Dirección de Centro y Patrimonio Histórico (DCPH).
La normativa también establece que “las y los propietarios de inmuebles clasificados como patrimonio edificado del Centro Histórico tendrán la obligación de conservarlos y mantenerlos en buen estado”.
