Tras la renuncia de Víctor Manuel Toledo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), organizaciones ambientalistas exigieron una revisión en la política ambiental del país.
Existe preocupación por el desmantelamiento de instituciones por decisiones del gobierno federal, lo que ha obligado a exigir medidas urgentes y efectivas para fortalecer la política ambiental y garantizar derechos a un medio ambiente sano, a la salud y a la vida.
El Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) acusó que es uno de los sectores más golpeados de la actual administración, que está enfrentando un desmantelamiento de sus instituciones combinado con recortes presupuestales extremos.
Es necesario que se cumpla la ley, que no por la prisa se pase por encima de la Constitución y los acuerdos internacionales de los que México es parte, explicó Sergio Madrid, director del Consejo.
Esto es muy preocupante porque desmantelar la institucionalidad ambiental representa, en los hechos, mayor degradación ambiental, mayores casos de despojo para las comunidades dueñas de los territorios y mayor oportunidad para la comisión de delitos ambientales.
Admitió que si bien es cierto que en las administraciones anteriores también se daba escasa importancia a los temas ambientales y esto se había traducido en continuos recortes presupuestales, esta situación se ha profundizado en esta administración. Hoy las instituciones disponen de recursos mínimos –humanos y económicos– para operar y, aunque estas decisiones parten de que la anterior arquitectura no funcionaba, tampoco se ha buscado impulsar un cambio que dé mayor certeza a la gestión sostenible de los recursos naturales.
Este panorama se agrava con las decisiones de recortes presupuestales amparada bajo el argumento de la emergencia sanitaria y la crisis económica que la acompaña.
Un ejemplo emblemático de esta situación es el proyecto de reordenamiento territorial de la Península de Yucatán conocido como Tren Maya, en el que hasta ahora han eludido responder los cuestionamientos sobre cómo garantizará la sostenibilidad ambiental de la región.
El Tren Maya va más allá de la construcción de un mero tren, pues pretende imponer un reordenamiento territorial, que incluye la creación de nuevos centros urbanos, turísticos y de infraestructura.
