El ejercicio de un cargo público en cualquiera de los tres poderes del Estado implica velar por el orden constitucional, potencializar los derechos humanos y rendir cuentas a las y los gobernados, “a quienes nos debemos en su totalidad”, sostuvo Janine M. Otálora Malassis, magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al participar en la instalación de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, sostuvo que mientras los legisladores tienen la gran responsabilidad de concretar la igualdad en México impulsando las reformas correspondientes, el Poder Judicial está comprometido en proteger los principios constitucionales que deriven de dichas modificaciones.
A los legisladores, dijo que tienen una gran responsabilidad para hacer realidad nuestros sueños de igualdad y para ello es indispensable que los órganos legislativos asuman su responsabilidad política con la igualdad de género, que la judicatura cumpla su compromiso jurídico de proteger el principio constitucional y convencional de igualdad, y que la sociedad nos exija cuentas.
Pidió a quienes integran la Comisión presidida por la senadora Martha Lucía Micher Camarena, que en el marco de dichas reformas no olviden a las mujeres indígenas que viven en condiciones de extrema pobreza y de gran violencia, ya que tienen el mismo derecho que todas las demás personas a desarrollar su vida con dignidad y, por ende, sus derechos deberán verse reflejados en las leyes que aprueben.
Otálora Malassis sostuvo que “tienen seis años, seis años parece mucho, pero pasan muy rápido; seis años para darle a México una cara de mujer, seis años para que todas tengan voz, para que sean escuchadas y sobre todo que su dignidad sea reconocida y respetada”.
En la ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones el Senado de la República, detalló que hay muchos temas en materia electoral que requieren ser atendidos vía legislativa, como lo es la integración de todas las autoridades electorales y, particularmente, de los tribunales electorales locales y federales de manera paritaria, a fin de que quede asentado en la ley y no esté al capricho de una decisión política al momento de elegir sus integrantes.
Asimismo, se requiere la aprobación de una ley en materia de paridad que tenga el carácter de general y que aplique en toda la república, para impedir las mujeres tengan más o menos derechos según el estado en el que viven. Además, tiene que ser legislada la violencia política de género, en la que se debe introducir elemento de la interseccionalidad y su efecto en la violencia, tal y como lo han pedido diversos comités de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló.
