Carlos Moreno Alcántara, exsecretario de Vialidad y Transporte (Sevitra), insistió ayer ante el juez para enfrentar su proceso penal fuera de prisión, pero la autoridad lo denegó y lo regresó al Cereso de Ixcotel.
En la audiencia de revisión de medida cautelar, a través de su defensa, el exfuncionario de Gabino Cué Monteagudo presentó cinco testimonios que consideraba podrían ser aprobados para modificar la medida de prisión preventiva que mantiene en el Centro de Reinserción Social número 1, con sede en Santa Marca Ixcotel.
Esta medida se le impuso al exfuncionario el pasado 28 de noviembre, tras el auto de vinculación a proceso por el delito de tráfico de concesiones y permisos del servicio público de transporte, dentro del expediente penal 760/2017.
Entre los testigos que comparecieron a favor de Moreno Alcántara, se encuentra su esposa, un dirigente transportista del Frente Popular Revolucionario (FPR), un médico familiar de la madre del procesado, el exsecretario particular de Carlos y un periodista.
De estos testimonios, el juez consideró parcos, sin alcance probatorios los del líder del FPR, del exsecretario particular y del periodista.
Según el juez, estas declaraciones no tienen ninguna relación con el tema de revisión de medida cautelar como para motivar a una modificación, toda vez que éstos hablaron de manifestaciones, protestas y bloqueos que, si bien es cierto no se han dado por el caso del imputado.
El exsecretario particular habló sobre la jerarquía de funciones durante el desempeño como secretario de Sevitra de su exjefe, Carlos Moreno.
Manifestó que actualmente no existe relación alguna del imputado con personal medio o de base que actualmente labora.
Este testimonio fue requerido por la defensa con la intensión de justificar que no hay riesgo de obstaculizar la investigación en su contra, como lo advirtió el ministerio público al solicitar la imposición de la medida cautelar.
El juez resolvió que esta declaración no tiene alcance probatorio, ya que al testigo no le consta realmente si el procesado tiene o no relación con gente que estuvo bajo su mando y que continúa en sus funciones.
Se tomó en cuenta el testimonial de la esposa de Carlos Moreno, así como del médico familiar, quienes manifestaron que la salud de la mamá de Carlos ha deteriorado desde su aprehensión.
Argumentaron que el ingresar y salir del penal para visitar a su hijo le causa estrés, aunado a que sufre de enfermedad vertiginosa, presión y de audición.
La esposa de Alcántara agregó que su hijo también ha estado en la imposibilidad de reunirse con su padre por radicar en el estado de Puebla y cumplir con sus estudios.
Sin embargo, para el juez estos testimoniales tampoco son contundentes como para modificar la medida cautelar que es el objetivo.
Durante la vinculación a proceso, el fiscal solicitó la prisión preventiva contra el extitular de Sevitra, al contar con datos de prueba de que existe el riesgo de sustracción de la justicia.
Esto en base a que el exfuncionario aportó como domicilios tres direcciones diferentes, una en la colonia Reforma, otra en Santa Rosa y una más en Santa Lucía del Camino. Incluso, la esposa del imputado señaló otro domicilio en otra entidad.
Ante estos datos de prueba que el defensor ofreció, el juez consideró que no varía la objetividad de las condiciones que justifica la medida cautelar. Que el defensor pretendió atacar, mas no destruir la resolución dictada el 28 de noviembre de 2017.
“Son pruebas impertinentes, no atacó los fines procesales por las que se impuso la medida. No advierto ninguna variación, se confirma la misma medida cautelar, la prisión preventiva sigue vigente”, sentenció el juez.
La acusación
Carlos Moreno Alcántara es acusado de firmar y otorgar sin cumplir con los requisitos legales, entre los meses de enero a noviembre del 2016, 502 títulos de concesión para la explotación del servicio público de transporte en el Estado de Oaxaca.
En la carpeta de investigación, la cual consta de cinco cajas con más de 500 expedientes administrativos de las concesiones que se encuentran irregulares, se cita que el funcionario y otros, no realizaron el pago de derechos correspondiente, lo cual representó un daño patrimonial a la hacienda Pública del Estado por la cantidad de 5 millones 836 mil 284.16 pesos. Cabe señalar que las 502 concesiones fueron otorgadas sin el pago de derechos correspondientes”.
Los citados títulos de concesión fueron firmados con facultades de coordinación de la expedición de las autorizaciones relativas y facultades de validación de la emisión de las concesiones; lo cual independientemente del daño económico causado al erario del Estado de Oaxaca, lesiona también los derechos de los concesionarios formalmente regulados, por no cumplirse los requisitos establecidos en las leyes de la materia para el otorgamiento de las concesiones, según la acusación.
Por este mismo caso, se encuentra procesados también el exdirector de concesiones de la Sevitra, Armando Espina y el jefe del departamento jurídico de esa instancia, José Antonio Carrasco.
