El año inició para la VIII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con un operativo atípico por la respuesta que obtuvo, no sólo un grupo de mujeres y niños impidió el paso a una zona del municipio triqui de Constancia del Rosario donde pretendían erradicar plantíos ilícitos, sino que ese día, el 28 de marzo pasado, una de las aeronaves castrenses, un helicóptero Bell206, recibió un impacto de bala en un ataque armado cuya autoría aún no ha sido determinada.
El episodio puso de manifiesto una realidad que no se había articulado públicamente hasta entonces: paralelo a la guerra contra el narco que el Estado Mexicano declaró contra el crimen organizado, a las filas de los grupos criminales se han sumado comunidades marginadas que, en palabras del general Alfonso Duarte Múgica, comandante de la VIII Región Militar, se convirtieron en “la base social de la delincuencia organizada”.
“Tuvimos la oposición de personas indígenas, mujeres y niños, que bloqueaban nuestro paso para que pudiéramos llevar a cabo la destrucción de plantíos de enervantes, asimismo se sufrió un disparo a un helicóptero, se llevó a cabo la denuncia y se sigue la investigación.
“Vimos que había resistencia en áreas que son autónomas, que se rigen por usos y costumbres, donde había poca presencia militar, principalmente en las zonas que colindan con el estado de Guerrero”, expresa el general.
En entrevista exclusiva con EL IMPARCIAL, el comandante relata que la destrucción de plantíos de amapola y mariguana en el estado se incrementó 250% respecto a 2016. De 10,400 plantíos de enervantes destruidos el año anterior, en éste la cifra se incrementó a 27,244 -10,736 de mariguana y 16,508 de amapola-, una extensión total de 2,418 hectáreas.
La VIII Región Militar estima que las pérdidas para la delincuencia organizada ascienden a 1,277 millones de pesos, son pérdidas que “impidieron que se compraran armas, que siguieran reclutando gente desempleada para sus objetivos delincuenciales, para corromper a las autoridades. La aportación del Ejército y Fuerza Aérea ha sido determinante y para el próximo año continuaremos con el mismo ímpetu”, agrega.
El segundo episodio, nuevo territorio
La propuesta para reubicar el cuartel de la 28 Región Militar en una zona alejada entre 30 y 35 kilómetros de la capital significó un nuevo desencuentro entre las fuerzas militares y la población oaxaqueña, esta vez del valle de Tlacolula.
La oposición empezó por el rechazo a la militarización de la zona y siguió por la negativa a emprender cualquier tipo de proyecto multimillonario. Autoridades ejidales, comunales, municipales y pobladores se conjuntaron en asamblea para exigir se frenara no sólo la intención de comprar terrenos para una nueva sede militar, sino también para la construcción de hoteles y fraccionamientos inmobiliarios.
En el caso del proyecto militar, el general Duarte considera que los beneficios que traería la instalación del cuartel no han sido correctamente comunicados ante los ciudadanos. Además de un gasto mensual promedio de 25 millones de pesos en comercios de la comunidad, se incluye la construcción de un kínder, primaria y una secundaria que funcionaría como preparatoria vespertina a cargo de la Sedena, planteles abiertos a recibir a hijos de los pobladores.
“Donde hay un campo militar siempre hay un incremento del comercio debido a los salarios del personal militar; son más o menos 25 millones de pesos mensuales que llegaría a los centros comerciales”, apunta el general.
Adicionalmente, con la operación de una policía militar se daría paso a que hombres y mujeres de la comunidad se integren, garantizándoles empleo, seguridad social y médica.
Para el general Duarte, avalado por el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y por el gobernador Alejandro Murat, la vía prioritaria para que avance la reubicación militar es el acuerdo voluntario de la comunidad, sin él, subraya, se estaría pensando en buscar una nueva zona.
“Todavía no está definido si será en Tlacolula o en otra comunidad, mi general secretario está abierto a las propuestas que el gobernador le haga”.
Tercera etapa, atención del desastre
Con 96 muertos en la entidad, 41 municipios afectados, edificios históricos colapsados, 5 mil viviendas afectadas en Juchitán, el peor sismo registrado en el país en los últimos 100 años requirió que los militares ocuparan un puesto determinante en la labor de auxilio, por la orden que dio el presidente Enrique Peña Nieto para que fueran las únicas autoridades encargadas de entregar víveres a la población afectada, pero, principalmente, por vocación.
“Estuvimos a la altura de esa contingencia”, asegura el comandante Duarte, quien dirigió las actividades en las calles -el reparto de agua, comida, colchonetas, lonas, casas de campaña-, y se coordinó con secretarios de Estado en la base Militar Aérea de Ixtepec.
Concluida la etapa de emergencia, que duró de septiembre a octubre, el Ejército pasó a ocuparse de la construcción integral del proyecto de infraestructura pública que mayor avance alcanza en su reconstrucción: el Centro Escolar Juchitán, que requerirá una inversión de 50 millones de pesos.
Otra de las obras, el hospital civil Macedonio Benítez Fernández, bajo la supervisión del ingeniero militar Iván Uribe, requerirá aproximadamente 600 millones de pesos para su edificación y equipamiento y se prevé que sea entregado en mayo próximo.
Adicionalmente, el Ejército inaugurará el próximo 31 de diciembre la remodelación de zonas afectadas de la base aérea de Ixtepec, así como la reconstrucción total de su zona habitacional, donde se levantaron 40 departamentos.
“A principios de año la gente nos recibía con bloqueos en la Sierra y con disparos a los helicópteros, ahora la población indígena nos recibe con gusto, nos permite el paso, cuando hay algún bloqueo nos permiten que continuemos nuestro camino, a los helicópteros les prenden una fogata para señalar, toda la gente concurre porque sabe que ese helicóptero trae despensas, trae ayuda para ellos, ha cambiado completamente la percepción de la población rural hacia el Ejército mexicano”, señala el comandante.
Seguridad interior, interrogante
Con la firma del presidente Enrique Peña Nieto el pasado 21 de diciembre entró en vigor la Ley de Seguridad Interior que formaliza la participación del ejército en labores de seguridad y que faculta al Ejecutivo federal a ordenar su incursión ante amenazas que pongan en riesgo a las instituciones.
La legislación, señalada por Naciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos por ser riesgosa para los derechos humanos de los mexicanos, está ahora de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su constitucionalidad.
“Se hizo para que tuvieran un marco jurídico las fuerzas armadas, ha habido amenazas emergentes como es el caso del 7 de septiembre en Oaxaca, en donde de forma automática se llevó a cabo la aplicación del plan DN-III-E, ahí estuvieron organismos internacionales, de derechos humanos, que aplaudieron la participación del Ejército, lo que se hace es que la participación quede formalizada”, asegura el general Duarte.
Para el comandante no hay dudas respecto a dos términos que incluye esta legislación y que han sido criticados: seguridad interior, “que es la que garantiza la permanencia de las instituciones y del Estado de derecho” y amenaza, “cuando las autoridades civiles se ven rebasadas para garantizar la seguridad a las personas, a sus poblaciones, es cuando se convierte en un riesgo para la seguridad interior, ahí es donde pueden intervenir las fuerzas armadas, y se ha hecho.
“No vamos a actuar como policías, sólo vamos a coadyuvar para garantizar que las acciones de las policías no sean rebasadas, en algunas partes del país la delincuencia organizada tiene armamento superior, equipamiento, incluso puede haber personal adiestrado, entonces las fuerzas armadas coadyuvan para que retorne la seguridad”.
Respecto a las alertas por la violación a derechos humanos, apunta que en Oaxaca se han registrado únicamente seis casos de quejas ante organismos defensores, ninguno ha generado recomendación.
“Un soldado que se encuentra en un puesto de control normalmente tiene contacto con 20 personas civiles, se llaman actividades operativas, si en todo el año tenemos 3 mil militares que están en las calles y en la sierra, vamos a tener al año más de 21 millones de actividades, si sólo tenemos 6 quejas equivale a 00006%, esto habla de que somos bastante eficientes, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea es uno de los mejores del mundo porque no nada más estamos establecidos para hacer la guerra, sino también para garantizar la seguridad interior, para labores de auxilio en casos de desastre y auxiliar en todo lo que tienda al progreso del país y actividades cívicas”.
