Este domingo, cerca de 200 habitantes y propietarios de predios de las agencias municipales Pueblo Nuevo y Ejido Guadalupe Victoria se manifestaron para exigir al gobierno estatal que derogue el decreto del 14 de noviembre de 1992, con el que se estableció la zona de reserva ecológica Cerro del Crestón -Cruz Blanca- Fortín.
Asimismo, que dé marcha atrás a la ratificación de este decreto hecha en septiembre pasado con la digitalización del polígono de reserva, pues argumentan que se afecta a aproximadamente 25 mil o 26 mil cédulas catastrales de propiedad en diversas colonias y agencias de la ciudad de Oaxaca.
Con una marcha que partió de la calzada San Felipe y luego de la avenida Juárez hacia el centro de la ciudad, las y los manifestantes encabezados por Marcos Reyes García y Gerardo Aguilar negaron ser invasores, sino que son propietarios.
De acuerdo con Marcos Reyes, el decreto es un despojo iniciado por el exgobernador Heladio Ramírez López.
“Esa ley tiene 30 años sin efecto. Sin preguntar nuevamente a los propietarios, se nos impone esa línea, se digitalizan los anexos gráficos el 2 de septiembre. ¿Qué sucede con nosotros? Ya no podemos solicitar una licencia, ya no tenemos subdivisión, ya no tenemos otro derecho administrativo en Desarrollo Urbano”, dijo.
Incluso, agregó, el temor de las y los propietarios es que sus escrituras vayan a quedar “con la nomenclatura de zona ecológica o zona de reserva y eso nos va a impedir desarrollarnos o heredarlo a nuestros hijos porque un área de reserva es del gobierno, es del pueblo, pero a nosotros no se nos ha indemnizado, no se nos ha preguntado y no se nos ha dicho nada”. Es por eso que consideran que la única solución es la abrogación (derogación o anulación) del decreto.
Gerardo Aguilar, representante de la colonia Mártires de Río Blanco, señaló que las y los vecinos y propietarios coinciden en que tras la ratificación del decreto y la digitalización del polígono de la reserva hay mucha incertidumbre y desinformación. Además de que no se sienten representados por el consejo asesor que junto con el gobierno estatal trabaja en la elaboración del plan de manejo de la reserva.
En su momento, tras informar sobre la digitalización de los anexos del decreto, el consejero jurídico del estado, Geovany Vásquez Sagrero, y la secretaria de Medio Ambiente del estado, Karime Unda Harp, reiteraron que no se expropiará el área, sino que se dará certeza jurídica a las y los propietarios. También, que se hará el plan de manejo con base en la constitución de un órgano que incluya a propietarios, autoridades municipales y estatales, ambientalistas, entre otros.
