Organizaciones de la sociedad civil y miembros de la academia agrupados en la Red de Observación y Acompañamiento a Niños Indígenas en Situación de Movilidad (ROANIM) condenaron el actuar del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez hacia dos infantes mayas-tzotziles en los primeros días de abril.
Como actos “de criminalización y violencia institucional”, así calificó la red el caso sucedido la noche del 5 de abril. El edil capitalino, Francisco Martínez Neri, ha negado que se trate de una detención; en cambio lo ha calificado como resguardo. Sin embargo, reconoció que no se siguieron los protocolos para este tipo de situaciones y que incluso no se cuentan con estos.
A partir del video de un ciudadano, la red señaló que aquella noche la Policía Municipal detuvo a los menores con “uso excesivo de la fuerza pública sin fundamento y violentando el interés superior de ambos niños”. Los menores, según la red, son mayas-tzotziles y provienen de los Altos de Chiapas, quienes se encontraban vendiendo productos en el Centro Histórico de la ciudad.
Hasta el momento no tenemos conocimiento de ninguna acción que pudiera considerarse como un delito que justifique la detención de los niños por parte de la Policía Municipal, por tanto, hasta que se demuestre lo contrario, denunciamos el uso excesivo de la fuerza pública sin fundamento y violentando el interés superior de ambos niños”, reiteró la red.
Asimismo, detalló que esta no es la primera ocasión en la que la autoridad de la capital ha criminalizado la pobreza y usado la fuerza excesiva contra infantes y sus familias tzotziles que han migrado a esta ciudad para trabajar en el comercio informal, “la principal fuente de ingresos de miles de familias oaxaqueñas y no oaxaqueñas”.
Martínez Neri ha defendido el actuar de los policías bajo el argumento de que se busca combatir la explotación infantil en la ciudad. Esta problemática, explicó, se observa a través de menores que incluso ha visto bajar de camionetas y ser recogidos en estos vehículos luego de haber “pedido caridad”.
Tenemos que actuar; desde luego, tenemos que seguir protocolos y tenemos que ordenarnos porque necesitamos dar una lección social”, explicó Martínez Neri, quien agregó que en este tipo de operativos tendrían que coordinarse con la policía y el DIF estatal, así como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
De acuerdo con la red, las violaciones como las que identificó en el caso de estos dos menores se reproducen en estados como Puebla, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca. Son, dijo, “violaciones que se sustentan en una supuesta lucha por erradicar el trabajo infantil, pero que termina violentando otros derechos fundamentales de las niñas, niños y familias tzotziles”.
Las organizaciones de la red se sumaron a la exigencia de la DDHPO para conocer un informe sobre los motivos, protocolos y criterios del aseguramiento, así como la situación jurídica de los niños. Igualmente, pidió que al “realizar estos procesos incorporen a los traductores correspondientes en su lengua con perspectiva sobre migración interna” y que se garanticen y restituyan los derechos de los menores.
