Por el informe del estado en que se recibió la administración del municipio de Oaxaca de Juárez, presentado el 28 de junio, el Órgano Interno de Control Municipal (OICM) ha abierto a la fecha nueve expedientes por presuntas responsabilidades e ilegalidades cometidas por ex funcionarios de pasadas administraciones.
Entre las conductas que se están investigando en los nueve expedientes están: “abuso de funciones, desvío de recursos, conflictos de interés, daño patrimonial, falta de rendición de cuentas y contratación indebida”, detalla Francisco Carrera Sedano, contralor interno municipal de Oaxaca de Juárez.
Fue el 28 de junio cuando el presidente municipal, Francisco Martínez Neri, presentó el informe sobre la situación financiera en que se recibió el ayuntamiento. En su relatoría de hechos, expuso que su gestión recibió como herencia más de 386 millones de pesos. En los últimos meses y tras nuevos reclamos, la cifra subió a más de 400 millones, de los que el edil cuenta que se han saldado 105 millones.
El contralor refiere que con aquel informe solo se tenían indicios de “presuntas responsabilidades administrativas” y que aún se está solicitando y recibiendo información. Aunque se investigan posibles faltas o responsabilidades, no descarta que puedan configurarse alguna conducta penal.
De los nueve expedientes de investigación abiertos, uno se turnará en este mes a la Dirección de Responsabilidades, parte del OICM. Y será esta dirección la que inicie los procedimientos de responsabilidades en contra de las personas “presuntamente responsables”.
De ser una falta clasificada como “no grave”, la dirección hará todas las diligencias necesarias para emitir una resolución y después aplicar las sanciones. En el proceso, el o los ex funcionarios investigados tienen el derecho a defenderse, aclara el contralor.
Las sanciones que se pueden aplicar si se trata de este tipo de faltas pueden ser desde amonestaciones hasta inhabilitaciones para ejercer el servicio en la administración pública o la reparación del daño.
Se espera que en enero de 2023 se turne el siguiente expediente a la Dirección de Responsabilidades y se siga una misma ruta u otra con los demás durante ese año.
Abrirían más expedientes
Aunque no se descarta abrir más expedientes, Carrera Sedano comenta que por ahora lo que sigue es “encuadrar las conductas como faltas administrativas graves o no graves”. A partir de esto la dirección de responsabilidades actuará conforme a sus funciones y turnará los casos que así lo ameriten al Tribunal de Justicia Administrativa.
Si en las investigaciones hubiera “posibles conductas penales”, las carpetas se turnan a la consejería jurídica. Y esta, a su vez, presentará a nombre del municipio las denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Sin especificar el número de personas ex servidoras públicas a las que se investiga, Carrera Sedano dice que son “muchas” y de distintos niveles, en tanto en las conductas pueden participar varias personas.
El informe de cómo se recibió la administración fue presentado el 28 de junio, pero hasta entonces, según aclara el contralor, solo se podía hablar de “indicios de posibles irregularidades cometidas por personas ex servidoras públicas”.
Ante la preocupación ciudadana sobre qué ha pasado tras ello, Carrera afirma que se ha trabajado en las indagatorias, pues el documento no implica solamente la responsabilidad de informar sino la obligación del edil u otros servidores de denunciar ante el órgano las posibles irregularidades detectadas.
Aunque se ha hablado de una deuda heredada de más de 400 millones de pesos, también aclara que “no todo lo que viene en el informe puede ser necesariamente irregularidades”. Asimismo, considera que se ha avanzado mucho en estos casi seis meses, pues armar un expediente como estos lleva en promedio un año.
Lo que aparece en el informe son indicios, como autoridad investigadora tenemos que allegarnos de toda la documentación y evidencias que comprueben que pudiera haber una responsabilidad”, apunta.
