Desde que fueron alejados de San Juan Copala, Juxtlahuaca, luego de un enfrentamiento entre grupos armados antagónicos de la comunidad, líderes triquis hicieron de su condición de desplazados una mina de oro, que de 2011 a la fecha les ha generado apoyos de más de 60 millones de pesos.
Además de recibir despensas, terrenos, vehículos y dinero para insumos personales, decenas de desplazados, con medidas cautelares se apoderaron del Palacio de Gobierno y convirtieron sus accesos en un espacio de venta de artesanías con la complacencia de las autoridades.
El negocio de ser desplazados y la disposición de los funcionarios de gobierno para dar “a manos llenas” generaron que el grupo integrado por 135 triquis se dividiera en cuatro, que a la fecha de manera independiente gestionan apoyos para sus seguidores.
De estos grupos, tres de forma visible venden mercancía en el Palacio. Dos, encabezados por Reyna y Jesús Martínez, se encuentran en los corredores; y otro, que dirige Lorena Merino, se ubica a un costado, en la calle Flores Magón. El cuarto grupo que encabeza Braulio Hernández opera en Juxtlahuaca.
Más de 50 mdp en apoyos durante gobierno de Cué
Tan solo en la administración de Gabino Cué Monteagudo los desplazados de San Juan Copala recibieron más de 51 millones de pesos en apoyo para alimentos e insumos personales, rentas de casa habitación o albergues, de locales comerciales, taller de carpintería y compra de material, así como para resarcimiento de daños, apoyo a viudas y suministro de despensas.
Durante el periodo 2011-2016, según constan antecedentes documentales, también se brindaron apoyos del programa Bienestar y del Sistema DIF Oaxaca; se les dotó de lotes para vivienda, de útiles y uniformes escolares, de un predio para proyectos productivos, máquinas y equipo industrial, además de que se les afilió al Seguro Popular.
Como parte de los beneficios y en atención a las medidas cautelares, se realizaron recorridos de seguridad y vigilancia, se les asignaron vehículos en comodato y se les incluyó en cursos de capacitación.
En estos beneficios participaron instituciones como la Secretaría General de Gobierno, DIF estatal, Comisión Estatal de Vivienda, Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Seguridad Pública, Fiscalía, Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sedapa) y el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo para el Estado de Oaxaca (Icapet).
Documentos en poder de EL IMPARCIAL reportan además la compra de 137 lotes, ubicados en la Mixteca y Valles Centrales, de los cuales 60 fueron entregados a beneficiarios de la medida cautelar y el resto a familiares que se les unieron posteriormente.
En el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, para dar atención a la problemática social de la región, se generó el plan de la microrregión de la zona triqui y se establecieron 14 proyectos prioritarios microrregionales y dos municipales.
De ellos, seis corresponden a infraestructura de caminos, seis a proyectos sociales y productivos, dos a la conservación del medio ambiente y uno al mejoramiento de vivienda y hospitalario.
Piden retiro de medida cautelar
Reportes de autoridades señalan que “a petición de cuatro organizaciones civiles: el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas; el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, A.C., el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad y el autonombrado Municipio Autónomo de San Juan Copala”, el 7 de octubre de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano otorgar medidas cautelares a 135 habitantes de esta comunidad, como consecuencia de los enfrentamientos en la zona donde murieron varias personas y fueron desplazadas decenas.
“La solicitud inicial en el año 2010 consistió en garantizar la vida y la integridad física de 135 habitantes de San Juan Copala, Juxtlahuaca, que se encontrarían desplazados a consecuencia de repetidos ataques violentos en su contra”.
El 4 de enero de 2011, la CIDH emitió una nueva resolución que amplió el objetivo y solicitó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para brindar asistencia humanitaria a los 135 habitantes, quienes se encontraban en situación de desplazamiento, a fin de garantizar su retorno a San Juan Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca, en condiciones de dignidad y seguridad. Sin embargo, a casi una década de distancia, el retorno de los desplazados no se ha concretado.
En su momento, la CIDH solicitó también “concertar las medidas a adoptar con los beneficiarios y sus representantes e informar sobre las acciones adoptadas, a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de dichas medidas”. La información debería actualizarse de forma periódica y la Comisión decidiría si es procedente prolongarla o levantarla.
Ante esta situación, se pedirá el retiro de las medidas cautelares a quienes solo se han aprovechado para beneficios personales.
Dieron apoyos a personas sin medidas cautelares
En el 2014 las autoridades en turno realizaron un censo que permitió obtener información de los beneficiarios, siendo ese el documento que se ha tomado como base y que fue certificado por notario público.
De acuerdo con los grupos originales registrados en dicho documento, los beneficiarios se integraron en cuatro grupos: el primero lo encabeza Braulio Hernández, con 57 beneficiarios de 38 familias. El segundo fue el de Reyna Martínez con 26 beneficiarios de 17 familias, el de Lorena Merino con 10 beneficiarios de siete familias y el de Jesús Martínez (hermano de Reyna), con 10 beneficiarios de cuatro familias.
Dentro de este censo se señaló que al menos cinco personas ya habían fallecido y 27 no asistieron al registro.
Y aunque las medidas solo aplicaban a 135 habitantes de San Juan Copala, durante el levantamiento de este censo la administración estatal consintió en incluir a 434 personas ajenas a la solicitud de la CIDH, a quienes se admitió como beneficiarios, presumiblemente desplazados de San Juan Copala. “Este hecho incrementó de manera exponencial los requerimientos de apoyo”.
Productos, solo de marca
Extrabajadores de la anterior administración estatal que se encargaban de la distribución de despensas a los grupos de desplazados, señalaron en entrevista que los productos que se debían entregar como una de las condiciones de los triquis para recibir los apoyos debían ser de marca.
“Nosotros entregábamos despensas como para dos meses y no aceptaban cualquier producto. Se les daban botes de aceite de los más caros y conos de huevo de conocidas marcas; no aceptaban que los huevos fueran de la misma empresa comercial”, explicó uno de los extrabajadores que prefirió omitir su nombre.
El entrevistado recordó que en una ocasión, cuando fueron a Juxtlahuaca a entregar la despensa, los desplazados triquis se enojaron porque el producto que se les llevó no era de marca. “Nos corrieron a huevazos”, señaló.
Además de esto, en el momento de recibir los productos, los representantes de los grupos contaban con básculas para pesar la verdura y la fruta que se les daba, para constatar que fueran los kilos prometidos. De no llevar el apoyo completo, no los recibían.
Niega Merino apoyos de gobierno
Ante la entrega de apoyos a desplazados triquis que constan en documentos oficiales, la representante de desplazados de San Juan Copala y beneficiaria de la medida cautelar, Lorena Merino Martínez, afirmó que a la fecha, del gobierno, no ha recibido “ni un solo peso”.
El grupo de Lorena que se encuentra en la calle Flores Magón y cuenta con un albergue a unos metros del estadio de beisbol Vasconcelos, del que dice desconocer quién paga la renta, asegura que las autoridades solo han beneficiado a los otros grupos.
“Fuimos desplazados desde 2010 por un grupo armado y a la fecha ninguno de los gobiernos ha solucionado nuestra demanda. Desde que estuvieron los gobernadores Ulises Ruiz y Gabino Cué, así como este gobierno actual, no han dado avances para nuestro retorno a la comunidad ni de justicia para los 32 compañeros que fueron caídos en ese entonces. Estamos abandonados del gobierno de Alejandro Murat”, señaló la dirigente triqui.
Recordó que a pesar de pedir un diálogo para conocer los avances, solo recibe desinterés y falta de voluntad hacia los desplazados.
Y aunque las autoridades señalan varios beneficios a los desplazados de los cuatro grupos, la mujer originaria de San Juan Copala afirmó que ella no ha recibido “lo que las autoridades hacen creer a nivel nacional e internacional”.
“Al grupo que yo represento no ha recibido apoyo de funcionarios del gobierno. Yo represento a 40 jefes de familia y lo único que yo pido es que se generen las condiciones para regresar a nuestra comunidad”.
Del albergue donde el gobierno anterior les permitió estar por al menos 90 días -y que continúan ocupado a la fecha-, la entrevistada afirmó que ese espacio no se había solicitado pero se ocupa para beneficio de los niños y niñas.
“El gobierno no ha dado nada para el albergue ni asume su responsabilidad desde el 2015. Simplemente fuimos engañados y nos llevaron al albergue para dar seguimiento a las demandas, pero no nos han dado resultados”, señaló Lorena, quien insistió en la falta de apoyo gubernamental.
Sin embargo, aseguró que los grupos de Braulio, Reyna y Jesús son los consentidos del gobierno y se les da el apoyo que piden. “No sé qué interés tenga el gobierno con ellos porque les han dado todo, mientras que a mí me señalan de recibir apoyos”, dijo.
Admitió que desde el inicio los desplazados triquis eran un grupo unido, pero las autoridades se encargaron de dividirlos con la intención de acabar con la problemática.
“Ahora cada quien se mueve aparte y ellos tienen sus intereses. El mismo gobierno quiso dividir para no cumplir; hay personas que se venden con el gobierno y a mí no me gusta eso”, expuso.
De esta manera, recordó que en 2015 el dirigente Braulio Hernández recibió una camioneta blanca de doble cabina, así como otros lujos más.
“Tampoco he recibido ningún terreno, a pesar de que digan que nos los han dado. Yo quisiera saber dónde están esos terrenos que el gobierno ha dicho que nos hemos negado a aceptar, cuando ni siquiera los han comprado. Que nos digan dónde están para hacer aunque sea un casa de lámina”, puntualizó.
De los otros dos grupos encabezados por Reyna y Jesús Martínez, fuentes extraoficiales señalaron que obtuvieron terrenos ubicados en Santa Cruz Xoxocotlán, donde viven en casas de lámina. El resto de los desplazados dirigidos por Braulio Hernández, operan desde Juxtlahuaca.
Actualizan censo, expulsan a desplazados del corredor del Palacio
Documentos oficiales señalan que el grupo más pequeño en un inicio fue el de Lorena Merino con 10 beneficiarios, que integró a siete familias.
Con el nuevo censo que el gobierno realizó en 2018, “asistieron a censarse cinco cautelados agrupados en tres familias, quienes dieron testimonio de ya no pertenecer al grupo de Lorena Merino” y ahora son encabezados por María Juana Santiago, que ha recibido todos los apoyos institucionales de vivienda, alimentación, insumos personales y despensas.
El grupo de María Juana fue expulsado de los corredores del Palacio por Reyna Martínez, donde vendían sus artesanías. Ahora se revisa con las autoridades municipales un lugar para que puedan vender sus productos.
Según la actualización del censo 2018, un cautelado se adhirió al grupo encabezado por Jesús Martínez Flores y a la fecha Lorena Merino representa únicamente a cuatro cautelados.
De acuerdo con las actuales autoridades gubernamentales, la dirigente triqui fue convocada para el censo 2018 por la Secretaría de Gobernación, pero ignoró la invitación.
Este censo fue por la recomendación hecha por la CIDH al Estado mexicano el 1 de marzo de 2018, y por el cual solo se censó a 65 personas, porque 38 no asistieron y cinco ya fallecieron.
“Lorena Merino Martínez se ha caracterizado desde la implementación de esta medida cautelar como una persona intolerante y agresiva, que regularmente se hace acompañar de individuos que no son beneficiarios y totalmente ajenos a esta medida cautelar, siendo personas violentas y peligrosas”, justificaron las autoridades gubernamentales.
Así también, y sin mostrar los beneficios actuales a los demás grupos, solo se señala que Lorena Merino cuenta con un albergue, cuya renta mensual es de 17 mil 500 pesos y es pagada por Gobierno del Estado.
Y aunque la dirigente asegura que las autoridades no se hacen cargo del albergue en el tema de los servicios y mantenimiento que se requiere, las autoridades afirmaron que en el inmueble no se permite el acceso de personal para revisar sus condiciones.
Esta casa editorial también solicitó el ingreso al albergue, pero fue negado ante la excusa de que el encargado no se encontraba disponible, sin señalar día y hora en que podría hacerse el recorrido.
Cambia la forma de apoyos, pero continúan
“El apoyo en la administración pasada se otorgaba en especie para alimentación e insumos personales”, señalaron autoridades del gobierno actual, al explicar que ahora se entregan mensualmente en cheque nominativo a nombre de cada uno de los representantes.
Sin embargo, recordaron que Lorena Merino, desde enero de 2017 y hasta junio de 2018 (18 meses), se ha negado a recibir los cheques que a suman 469 mil pesos, “argumentando que es muy poco dinero”. Los cheques en referencia se tienen en custodia.
“También la dotación mensual de despensas (40) se ha negado a recibirla desde enero de 2017, por lo que hasta el mes de junio se tienen 720 despensas en custodia. El argumento que ha dado es que son insuficientes los productos que contienen las despensas”, según se lee en los documentos.
Las autoridades recordaron que este pequeño grupo se ha caracterizado por la toma de calles y de oficinas públicas, agrediendo físicamente a los trabajadores e interlocutores que intervienen en su atención.
Para el periodo 2017-2018, la actual administración continuó los apoyos que dio el gobierno anterior, respetando los conceptos y montos, impactándose anualmente mediante la actualización de precios, pero mediante cheque nominativo a nombre de cada representante, de forma mensual.
Tan solo para el periodo enero 2017 a junio de 2018, el gobierno erogó más de 13 millones de pesos como apoyo económico para alimentos e insumos personales, renta de casas habitación, de locales comerciales, apoyo a viudas y para compra de material de carpintería.
Se continuó con el suministro de despensas, los recorridos de seguridad y vigilancia, la afiliación al Seguro Popular y dotación de útiles y uniformes escolares. Se incorporó la dotación de medicamentos y aparatos ortopédicos, así como actividades culturales y recreativas.
Desplazados, sin propiedad en San Juan Copala
Sergio Cruz Ruiz, de la dirección política del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), reconoció que esta forma de vida resultó ser un gran negocio para los cuatro grupos, pero afirmó que la mayoría de los que se dicen desplazados carecen de actas de nacimiento y de propiedades en San Juan Copala.
El entrevistado, quien recordó que los desplazados no son militantes del MULT, recordó durante varias décadas que en la zona triqui surgieron otros grupos como el UBISORT, el MULTI y CNC, entre otros, que generaron la desestabilización en la zona y en donde se dieron varios enfrentamientos.
CRONOLOGÍA
7-octubre-2010
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano otorgar medidas cautelares a 135 habitantes de San Juan Copala
4-enero-2011
La CIDH emitió una nueva resolución que amplió el objetivo y solicitó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para brindar asistencia humanitaria a los 135 habitantes, quienes se encontraban en situación de desplazamiento, a fin de garantizar su retorno a San Juan Copala
1-marzo-2018
A petición de la CIDH, el gobierno llamó a un nuevo censo, al cual solo asistieron 65 personas, 38 no asistieron y cinco ya fallecieron
LOS GRUPOS
Braulio Hernández – 57 beneficiarios de 38 familias
Reyna Martínez – 26 beneficiarios de 17 familias
Lorena Merino – 10 beneficiarios de siete familias
Jesús Martínez – 10 beneficiarios de cuatro familias
Programas de gobierno
Afiliación al programa Bienestar
Afiliación al Seguro Popular
Apoyos del Sistema DIF Oaxaca
Apoyos
– Alimentos
– Insumos personales
– Rentas de casa habitación o albergues
– Renta de locales comerciales
– Taller de carpintería y compra de material
– Resarcimiento de daños
– Lotes para vivienda
– Útiles y uniformes escolares
– Predio para proyectos productivos
– Máquinas y equipo industrial
