Después de que el ayuntamiento aprobó el punto de acuerdo para suspender todo trámite, licencias y similares para obras en los cerros del Crestón, Fortín y Cruz Blanca, corresponderá al ayuntamiento entrante, en manos de Francisco Martínez Neri, asegurar el seguimiento a esta disposición, señaló el activista Carlos Alberto Morales.
Al igual que a la autoridad local, la responsabilidad para frenar más daños y el avance de la mancha urbana a estas áreas naturales protegidas corresponde al congreso local y al gobierno estatal, apuntó el fundador de Colmillo Blanco.
Morales ahondó que aunque fue en días recientes cuando se dio la nueva protesta, la demanda de los vecinos data de varios meses e incluso años, en los que incluso la invasión e intervención de nuevos dueños de predios ha propiciado confrontaciones entre estos y los ya existentes. En una de las últimas protestas, vecinos y autoridades federales, estatales y municipales abordaron diversas exigencias, pero sin concretarse todavía ninguna.
El punto de acuerdo fue propuesto y aprobado en sesión ordinaria de cabildo el pasado miércoles, a días de que vecinos del Crestón y activistas exigieron a la autoridad local cancelar las licencias de construcción en el área natural protegida, decretada como tal en noviembre de 1992.
“La parte que más nos urgía porque estaba en riesgo de quedar fuera y cumplir con sus compromisos era el municipio”, señaló Morales sobre la presión hacia la autoridad local y por la cual se suspende todo trámite, permiso, licencia u otro “que altere el estado actual de las zonas de reservas naturales protegidas en el municipio de Oaxaca de Juárez: Parque Estatal de “Cerro del Fortín”, que forma parte de la Reserva Ecológico Cerro del Fortín, Cruz Blanca y Cerro del Crestón y Parque Nacional Benito Juárez”.
La medida será vigente hasta “en tanto se apruebe el plan de manejo integral de estas zonas” por parte del gobierno estatal y el municipal.
Sin embargo, de acuerdo con el activista, el acuerdo no queda exento de vulnerabilidad, ya que ahora corresponde al gobierno estatal hacer ese plan de manejo. Asimismo, porque al ser un acuerdo municipal, los vecinos han de estar pendientes ante cualquier obra y denunciar para que el municipio aplique la ley.
“Mientras no haya denuncias, no se va a poder hacer valer (el acuerdo), pero ya tenemos un antecedente y queremos que la nueva administración, de Francisco Martínez Neri, lo retome, este respeto por las áreas naturales”.
Al igual que la autoridad local, Morales subrayó que si bien la pasada legislatura no atendió la protesta de los vecinos, corresponde ahora a la 65 legislatura retomarlo.
En el caso de los nuevos “propietarios” de predios en estas áreas naturales, subrayó que no se trata de una confrontación con ellos sino que respeten el destino de estos espacios, de acuerdo con lo marcado en el decreto de 1992. “Que se dedique para lo que está destinado: para la conservación de las especies”.
