Este viernes, comerciantes y dirigentes de organizaciones como la Renacimiento (que dirige Carmela Luján) y la Unión Libre Margarita Maza de Juárez intentaron ingresar al primer cuadro de la ciudad, que desde ayer permanece vigilado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana.
Al grito de “¡queremos trabajar!”, representantes y comerciantes acusaron al Ayuntamiento de no respetar los acuerdos de reducción de puestos ni el haber pagado “permisos” o asignaciones de cuenta marcadas solo con ceros, pero que les costaron desde 10 mil hasta 40 mil pesos. “No es justo porque muchos de nosotros hasta nos endeudamos para pagar ese tarjetón”, se quejaron. “No estoy ilegalmente, estoy con un permiso”, comentó una comerciante que aseguró contar con tal aval desde hace 50 años.
“Ya accedimos a levantar más de 100 o 200 puestos, a recortarnos, ya limpiamos zócalo y alameda. Si está invadido no es por nosotros”, aclararon comerciantes y líderes.
A diferencia del jueves, espacios como la Plaza de la Constitución (zócalo), Alameda de León y calle Macedonio Alcalá (andador turístico) se observaron este viernes con muchos menos puestos. Aunque permanecieron la totalidad o mayoría de los de desplazados triquis y de las organizaciones sociales Sol Rojo y Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), ubicados en el Palacio de Gobierno o en torno a él.
Hugo Jarquín, exdiputado federal y líder de diversas organizaciones sociales reconoció que los puestos llevan 20 o 30 años en la vía pública bajo las modalidades de “tolerados” o con permisos carentes de números de folio. Incluso que la actual administración ha provocado la invasión de más espacios porque “cobró dinero: 40 y tantos mil pesos” por puestos.
“Los subordinados del presidente municipal cobraron (…), pero se lavan las manos diciéndole a los ciudadanos que ellos no dan permiso. El único que da permiso es la autoridad municipal”, apuntó.
