Sufren campesinos abusos de CFE en el Valle de Ocotlán

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Integrantes de la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), conformada por 16 municipios que se ubican en el valle de Ocotlán de Morelos, denunciaron la creciente inseguridad que se vive en sus comunidades y los abusos que han sufrido por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE-Sureste).

Los representantes de los campesinos que promueven la consulta indígena para la modificación del decreto de veda del agua de 1967, señalaron que desde que iniciaron esta lucha en 2008 han sufrido una serie de robos, por lo que piden a las autoridades estatales y federales emprender acciones para frenar la delincuencia.

Inseguridad

Expusieron su preocupación por el número de desapariciones forzadas que van en aumento, los carteles dispersándose en todo el país y un gobierno “apático e incapaz” de dar solución a estos problemas; “no resulta extraño que la delincuencia amedrente a los defensores de los derechos humanos y Oaxaca nos pone el claro ejemplo con sus cifras en aumento”, señaló Yanet Sofía Herrera, quien integra la COPUDA.

Denunció Sofía Herrera que los delincuentes que operan en el valle de Ocotlán, no solamente se conforman con llevarse las bombas de agua que utilizan para el riego de sus campos de cultivo, sino ahora los han despojado de sus unidades de motor que utilizan para transportar sus mercancías y a sus familias.

“De nueva cuenta la lucha por el agua en Valles Centrales se ve afectada por el robo de un vehículo de nuestros compañeros, los hechos ocurrieron el 24 de septiembre en San Antonino Castillo Velasco, cuando los delincuentes se robaron un vehículo Nissan, modelo 2001, doble cabina tipo Pickup, con placas RW53361, color azul, propiedad de Juan Justino Martínez Gonzales representante común de la Coordinadora en esta comunidad”.

Detalló que no es la primera vez que ocurren estos actos delictivos, “en años anteriores sucedió algo similar, afectando en ese momento el patrimonio de la Carmen Santiago Alonso, directora del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A.C. organización asesora que acompaña en su lucha a la COPUDA desde sus inicios”.

“Exigimos a las autoridades que hagan algo, nosotros como campesinos hemos sufrido mucho, no solo por el robo de vehículos, sino por el robo de nuestras bombas de riego, ya no podemos seguir así, ya no podemos vivir en un estado inseguro, queremos justicia, que las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia realicen de manera correcta sus labores para frenar la ola de inseguridad que se vive en esta zona”.

Carmen Santiago Alonso, directora de Flor y Canto, externó su preocupación ante el abandono en que se encuentran los campesinos del valle de Ocotlán, quienes con esfuerzo logran hacerse de sus equipos de trabajo y ahora los delincuentes se los están quitando.

“En nuestro país estamos viviendo una inseguridad muy fuerte, los ciudadanos y ciudadanas ya no podemos transitar ni con nuestros vehículos, ni caminando por los caminos de terracería porque los delincuentes ya nos están acechando, lo que le pasó ahora con nuestro compañero Justino le ha sucedido a muchos campesinos, esto no puede seguir sucediendo en nuestro estado”.

Acompañada por autoridades de los 16 municipios que promueven la consulta indígena, exigió al Gobierno del Estado que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, para que mediante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), realice las investigaciones pertinentes para frenar los grupos delictivos que operan en el valle de Ocotlán, y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para combatir estos delitos que afectan a los que menos tienen.

Abusos de la CFE

Otro de los problemas que enfrentan miles de ciudadanos que habitan en esta región, son los abusos que ha cometido el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE-Sureste), quienes violentando los derechos humanos de los comuneros han pretendido imponer la digitalización del servicio.

“Desde que iniciaron los procesos de la consulta indígena, existen acuerdos que obligan a estas dependencias para no violentar los pueblos, pero desde hace más de 15 días trabajadores de la Comisión nos están cortando la luz”, denunció Wilfrido López, habitante del municipio de San Pedro Mártir.

El ciudadano, quien también funge como presidente del consejo de vigilancia de la Coordinadora, señaló que de la noche a la mañana, varios habitantes de la comunidad se quedaron sin energía eléctrica, pues sin aviso previo la CFE implementó otras medidas para el cobro del servicio.

“La minuta que existe es que la forma de los cobros que eran bimestrales, se tiene que respetar hasta que concluya la consulta, hace 15 días nos llegaron a cortar la luz porque ahora quieren hacerlo cada mes y mediante un servicio que ellos llaman digital, esto nos afecta porque nosotros no tenemos dinero para contratar internet y descargar nuestros recibos”.

Wilfrido López, detalló que la mayoría de los habitantes de esta comunidad son campesinos que no cuentan con correos electrónicos, por lo que de manera arbitraria personal de la Comisión Federal comenzaron a realizar cortes de la energía eléctrica.

“En el pueblo hay un comisionado que viaja cada dos meses a Ocotlán a recoger los recibos, cuando llega al pueblo nos informa sobre lo que debemos pagar, esa misma persona se regresa a realizar los pagos. Ahora lo que la Comisión quiere hacer es colocar medidores digitales y enviarnos nuestro recibo por correo, esto es inaceptable porque para viajar hasta donde se ubican los cajeros tenemos que gastar más de 50 pesos y cuando la máquina se descompone, tenemos que volver a regresar al siguiente día, lo que representa perder dos días laborables y los únicos centavos que ganamos a diario”, explicó.

Esta digitalización que lleva a cabo la CFE-Sureste, ha afectado a decenas de oaxaqueños que habitan en los Valles Centrales, esta modalidad se implementa sin aviso previo y de la noche a la mañana los usuarios se quedan sin energía eléctrica.

Por ello, los integrantes de la COPUDA exigieron a los directivos de la paraestatal frenar estos abusos que afectan directamente los derechos humanos de los campesinos, y principalmente el proceso de la consulta indígena.