Por violaciones a los derechos de comunidades indígenas, proyectos eólicos impulsados por el gobierno estatal y la Secretaría de Energía federal continúan siendo detenidos por el Poder Judicial, aunado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo los amparos solicitados por comuneros de Juchitán de Zaragoza para establecer los alcances y contenidos de la consulta indígena respecto a proyectos eólicos.
Con esto, el pasado 15 de mayo pobladores de Unión Hidalgo obtuvieron dos suspensiones definitivas para evitar se continúe el procedimiento.
Con esta suspensión, el proyecto Gunaa Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca, SAPI –filial de la francesa EDF EN-, quedará detenido hasta en tanto se resuelva el recurso jurídico.
La asociación Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDesc) informó que el juzgado primero de distrito en Oaxaca resolvió, con fechas 3 y 4 de mayo de 2018, que “no se lleve a cabo o se continúe el procedimiento de consulta por no existir condiciones naturales (dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017 y los subsecuentes), ni condiciones sociales por los conflictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad dados los próximos plebiscitos electorales a nivel municipal.
Con la decisión del juzgado tanto la Sener como autoridades federales, estatales y municipales deben suspender los procesos de planeación para la realización de la consulta y la fase de acuerdos previos convocada mediante asamblea el 11 de abril pasado.
De acuerdo con Elena Villafuerte, integrante del Área de Justicia Transnacional de ProDesc, a pesar de que se han tratado de difundir los supuestos beneficios que traerá el proyecto, con el que se instalarán 89 aerogeneradores en Unión Hidalgo, no ha habido un acercamiento de Eólica de Oaxaca con los comuneros para informarles en qué consiste el parque Gunaa Sicarú.
El juzgado de distrito señaló que su determinación pretende hacer valer el derecho de los pueblos originarios a ser consultados previamente de manera libre, informada, de buena fe, respecto de los proyectos de desarrollo o inversión que se pretendan realizar en sus comunidades.
