El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de esta población zoque, Artemio Martínez Hernández dio a conocer que ha solicitado la intervención del Gobierno Federal para que se investigue y castigue a las personas que dispararon en contra de la comunidad del Quebrachal.
El comisariado citó, “el 1 de Julio del 2018 sucedió un gran acontecimiento democrático en el país, en donde más de 30 millones de electores decidieron trazar una nueva ruta para nuestra nación, se fincaron esperanzas renovadas, se alentó un despertar distinto a los reclamos sociales”.
En este entorno realizó un recuento de la añeja problemática agraria que viven las comunidades de San Miguel Chimalapa y de lo urgente que es resolverlo conforme a derecho.
Antes que siga segando vidas o creando sicosis como lo vivido el pasado domingo 3 de noviembre en la comunidad del Quebrachal alrededor de las 5:30 de la madrugada, cuando dos camionetas con características de la policía federal (gendarmería) circularon por el lugar.
Desde las unidades los ocupantes accionaron sus armas de fuego, generando pánico entre los habitantes de la comunidad, obligando a las mujeres, niños y ancianos a huir hacia la selva, dos de ellos se lesionaron al salir huyendo.
Más tarde, los comuneros zoques se organizaron para detener a los agresores, y ubicaron a las unidades en el hotel San Rafael en el municipio de Santo Domingo Zanatepec, desistieron de actuar en su contra para evitar un enfrentamiento.
En el lugar de los hechos se encontraron casquillos calibre 7.62, 380, y 2.23, “es por esto que hacemos responsables a la Gendarmería Nacional de las consecuencias que estos actos puedan tener”, citó.
Al tiempo de reflexionar, ya que no saben si estos actos son para atemorizar a los pobladores de dicha comunidad porque han recibido amenazas de desalojos por parte ganaderos del estado de Chiapas, por lo que, solicitan la pronta intervención del gobierno federal.
Para que se investiguen los hechos para saber el motivo de esta posible amenaza, ya que en caso contrario de no tener respuesta a sus demandas las comunidades se deslindan del posible enfrentamiento entre comunidades campesinas y policías federales o cualquier grupo armado que sea detectado en la zona, haciendo responsables al gobierno federal de los hechos.
