- Con información de Diana Manzo
Como un triunfo y tras una lucha de dos años, celebraron defensores binnizá -zapotecas- y organizaciones sociales como Código DH, la clausura definitiva de la mina clandestina ubicada en el cerro La Llovizna -sitio sagrado- que operaba a favor de la Cementera Cruz Azul.
Código DH explicó que en mayo de 2022 realizaron una visita al sitio y constataron el uso de explosivos sin autorización, por lo que presentaron una denuncia.
El cerro La Llovizna está ubicado en los límites geográficos entre Unión Hidalgo y La Ventosa -agencia municipal de Juchitán-, en el Istmo de Tehuantepec, donde hay una gran variedad de fauna y flora silvestre, y sin importar la biodiversidad, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entregó un permiso al dueño de la mina, Leonardo Triay Cisneros, para dotar de materia prima que son rocas y piedras a dicha cementera.
Sin permisos ambientales
El cierre definitivo lo dictaminó la Procuraduría de Protección Ambiental de Oaxaca (Propaeo) porque no contaba con permisos ambientales, y usaban explosivos sin autorización en esta reserva comunitaria denunció el defensor comunitario binnizá, Édgar Martín Regalado.
El activista afirmó que la minera también mentía pues denunció que el sitio sagrado se usaba como una mina clandestina para extraer cuarzo, oro y hematita -ingrediente básico para la producción de cemento- y no un simple banco de piedra.
Leonardo Triay Cisneros no tenía un permiso ambiental vigente, pero lo más grave es que la Semarnat otorgó un permiso, exigimos saber cuánto recibió por hacerlo, ya que además que se trata de un delito porque se hace uso de bienes nacionales dañando la biodiversidad que tanto hemos defendido”.
El defensor comunitario indicó que denunciaron ante las autoridades la invasión clandestina, por lo que se abrió una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) y la Propaeo, que han “preferido actuar con cautela”.
Señaló que recientemente el Ministerio Público determinó que en sí hay delito que perseguir de acuerdo con los artículos 149 y 150 de la Ley General de Bienes.
En tanto, los defensores han vivido amenazas y criminalización, y recordaron que la labor de defensa de la tierra, ambiental, acceso a la justicia e información están reconocidos por la legislación nacional e internacional, a través de varios tratados y acuerdos, entre ellos el de Escazú firmado en 2020, por lo que existe protección y debería ser respetada.
