El gobierno de Donald Trump hoy puso fin a una protección federal a los alumnos transexuales, impuesta por la administración del ex presidente Barack Obama, que obligaba a las escuelas públicas a permitirles que usaran los sanitarios y vestuarios correspondientes a su identidad de género.
El gobierno respaldó los derechos de los estados al cancelar la directriz federal emitida por el gobierno de Barack Obama. Ahora dependerá de cada estado y de los distritos escolares interpretar la ley federal contra la discriminación y determinar si los alumnos deberían tener acceso a los baños de acuerdo con el género con el que se identifican, aunque no sea el mismo que el que tenían al nacer.
“Este es un asunto que se soluciona mejor a nivel estatal y local”, afirmó Betsy DeVos, la secretaria de Educación. “Las escuelas, las comunidades y las familias pueden encontrar soluciones —y en muchos casos ya las hallaron— para proteger a todos los estudiantes”.
En una carta a las escuelas del país, el Departamento de Justicia y el de Educación indicaron que la directriz anterior “ha generado litigios significativos relacionados con los baños y los vestuarios en las escuelas”.
Las agencias retiraron la directriz “con el fin de hacer avanzar las cuestiones legales involucradas y sopesarlas en forma más completa”.
Las medidas para combatir el acoso estudiantil no se verán afectadas por el cambio, de acuerdo con la misiva.
“Todas las escuelas deben asegurar que todos los estudiantes, incluidos los de la comunidad LGBT, puedan aprender y prosperar en un ambiente seguro”, se afirma en ella.
Se desconoce cuál será el impacto inmediato que el cambio tendrá en las escuelas, ya que un juez federal en Texas suspendió temporalmente la directriz de Obama poco después de que fue emitida, luego de que 13 estados demandaron al gobierno en Washington.
Incluso sin esa suspensión, la directriz no era de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, los defensores de los transexuales afirmaban que era útil y necesaria para proteger a los alumnos de la discriminación. Los opositores la consideraban una extralimitación de la autoridad federal y una violación a la seguridad y la privacidad de los otros alumnos.
A pesar de que no era legalmente vinculante, la directriz incluía una advertencia de que las escuelas podrían dejar de recibir financiamiento federal si no cumplían con ella.
