La disputa entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el Gobierno de México escaló este martes a nivel internacional. El magnate presentó esta mañana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia contra el Estado mexicano por lo que califica como “persecución política” vinculada al cobro de deudas fiscales que el Servicio de Administración Tributaria (SAT le reclama desde hace años.
UN CONFLICTO QUE LLEGA A INSTANCIAS INTERNACIONALES
Salinas Pliego formalizó su solicitud ante la CIDH luego de agotar todas las vías jurídicas nacionales el pasado noviembre, tras perder varios juicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los que estaban en juego créditos fiscales por un total de 51 000 millones de pesos.
Por otra parte, en su denuncia el empresario afirma que las autoridades mexicanas han recurrido a un hostigamiento
“fiscal, judicial y administrativo”, que busca “restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”.
El documento, difundido tras una reunión con el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, detalla los agravios que Salinas Pliego considera violaciones de sus derechos ante la comunidad internacional.
ACUSACIONES DEL GRUPO SALINAS
El conglomerado empresarial argumenta que el Estado mexicano ha desplegado “auditorías excesivas”, dañado la “reputación” del empresario mediante medios de comunicación y declaraciones públicas, y hecho un uso político del aparato fiscal.
Además, denuncia lo que considera una “captura del Poder Judicial” tras la aprobación de una reforma que renovó parte de la judicatura.
UN PROCESO DE LARGA DATA
La controversia se remonta a varios años de disputas fiscales entre el SAT y empresas del Grupo Salinas. Tras las resoluciones de tribunales y la Suprema Corte, el procedimiento entrará en su fase final de ejecución, con un requerimiento de pago oficial que autoridades fiscales planean emitir este mes de enero.
Pese a las negativas judiciales, la defensa de Salinas Pliego sostiene que se trata de una ofensiva para limitar su libertad de expresión y su influencia en el debate público. La CIDH ahora evaluará si admite o no la denuncia internacional, lo que podría marcar un nuevo capítulo en este prolongado conflicto entre uno de los empresarios más prominentes del país y el Estado mexicano.
