La comunidad internacional ha intensificado este lunes la presión sobre el Gobierno de Nicaragua para que cese la represión y desarme a los paramilitares después de casi 300 muertos durante tres meses de protestas exigiendo la salida del poder del presidente Daniel Ortega. Estados Unidos, 13 países latinoamericanos y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidieron al Ejecutivo de Ortega el fin de la represión de las manifestaciones que desde el pasado 18 de abril inundan las calles del país centroamericano. Guterres clamó por un cese inmediato de la violencia y se atrevió a señalar la responsabilidad del mandatario, al menos de manera indirecta.
“El número de muertos ya es un número totalmente inaceptable. Es evidente que hay un uso letal de la fuerza por entidades ligadas al Estado que no es aceptable. Por eso mismo es tan importante que termine la violencia y que el diálogo político permita encontrar una solución inclusiva”, dijo el secretario general de la ONU en San José, a 400 kilómetros de Nicaragua, durante una visita para participar en la conmemoración de los 40 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Guterres aseguró que el sistema de Naciones Unidas ha intervenido dentro de sus márgenes mediante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. También sugirió el abordaje regional de la crisis en Nicaragua en el seno del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
A su lado, el presidente costarricense, Carlos Alvarado, condenó de nuevo la violencia ejercida contra los estudiantes universitarios perpetrada el fin de semana, mientras se prepara para atender un aumento en la llegada de migrantes nicaragüenses que se declaran perseguidos o que han perdido sus empleos durante esta crisis.
Paralelamente 13 países de América Latina, entre ellos México, Brasil, Argentina y Chile, exigieron el “cese inmediato a los actos de violencia” en Nicaragua y el “desmantelamiento de los grupos militares”. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay publicaron un comunicado conjunto que fue dado a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino. Los Gobiernos de estos 13 países denunciaron la “violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales” en Nicaragua. En la misma declaración pidieron “la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia”, señala el texto.
Por su lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó los recientes ataques contra estudiantes, periodistas y miembros del clero en Nicaragua y advirtió al presidente Daniel Ortega de que cada nueva víctima en las protestas “mina aún más” su legitimidad. Washington, que ha sido muy crítico con el mandatario, reiteró su petición para que se celebren elecciones “anticipadas, libres, justas y transparentes” como vía para salir de la crisis.
En tanto, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró en Bruselas que en Nicaragua “la situación va de mal en peor”, y anunció que se reunirá con el ministro para Políticas Nacionales de Nicaragua, Paul Oquist, para abordar la situación.
La CIDH —un órgano que forma parte de la OEA— ha asegurado que ya van 264 muertos desde que se iniciaron las protestas, mientras que la Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua calcula que son 351 personas fallecidas y miles de heridos.
Frente a los 150 muertos que ha dejado la represión en Venezuela en todo el año, en Nicaragua se ha registrado el doble en solo tres meses. La embestida diplomática pone fin al largo silencio de la comunidad internacional y sucede después de un violento fin de semana. El domingo murieron al menos 12 personas cuando policías y paramilitares arremetieron contra la ciudad rebelde de Masaya, 35 kilómetros al sur de Managua, y comunidades vecinas para levantar los bloqueos de carretera. El sábado habían muerto dos de los casi 200 estudiantes que se habían atrincherado en la Universidad (UNAN) y una iglesia y fueron asediados durante casi 20 horas por bandas paramilitares.
La vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, ha asegurado este lunes que el Gobierno actúa para liberar el territorio de los bloqueos de carreteras y para “restaurar la paz”. Ha afirmado también que las protestas responden a “un plan terrorista y golpista acompañado por una infame y falsa campaña mediática nacional e internacional. El golpe lo quiso imponer esa minoría llena de odio, esa minoría siniestra, maligna, pero no lo lograron ni lo lograrán”.
Por su parte, la Iglesia católica denunció la “falta de voluntad política del Gobierno” para dialogar con la opositora Alianza Cívica. El diálogo está suspendido desde el 18 de junio y desde entonces los obispos han intentado sin éxito convocar nuevos encuentros.
La mecha que prendió el levantamiento popular fue una controvertida reforma del sistema de pensiones que finalmente el Gobierno dejó sin efecto. Sin embargo, el hartazgo y el nepotismo del matrimonio derivaron en una larga y sangrienta protesta que dura tres meses. La oposición los acusa de instaurar una dictadura y exige convocar en marzo las elecciones presidenciales previstas para 2021.
