En un giro inesperado que ha generado fuertes reacciones a nivel mundial, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant, y el líder militar de Hamás Mohammed Deif, a quienes acusa de ser responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante la última escalada del conflicto entre Israel y Hamás.
La CPI, con sede en La Haya, explicó que la evidencia presentada por la fiscalía fue suficiente para acreditar que los tres dirigentes estuvieron involucrados en la planificación y ejecución de actos que violan las normas internacionales de derechos humanos. Estas acusaciones surgen principalmente del ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1.200 muertos israelíes y 251 rehenes, y la respuesta militar israelí en Gaza, que ha provocado la muerte de al menos 44.000 palestinos, según informes oficiales de salud de Gaza.
CRÍMENES DE GUERRA Y CONTRA LA HUMANIDAD
La fiscalía de la CPI acusa a Netanyahu y Gallant de estar directamente involucrados en la implementación de una estrategia militar que resultó en crímenes de guerra, como el uso del hambre como arma de guerra, asesinato, persecución, y otros “actos inhumanos” contra la población civil de Gaza. Ambos exfuncionarios israelíes enfrentan cargos por su responsabilidad en dirigir intencionadamente ataques contra civiles, una violación flagrante de las normas internacionales del derecho humanitario.
Por su parte, Mohammed Deif, comandante de las fuerzas armadas de Hamás, es señalado de ser responsable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluidos asesinatos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual. La CPI alega que Deif jugó un papel crucial en la coordinación de ataques contra civiles israelíes, en lo que calificó como un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Israel. Aunque Israel ha afirmado que Deif murió en un ataque aéreo israelí en julio de 2023, la Corte no ha podido verificar su muerte, por lo que las órdenes de arresto continúan vigentes.
REACCIONES Y RECHAZOS
La decisión de la Corte ha provocado una ola de reacciones desde diversas partes del mundo, con fuertes críticas y respaldos en función de la perspectiva política y geopolítica de cada actor involucrado. Desde el gobierno israelí, la oficina del primer ministro Netanyahu ha rechazado rotundamente las acusaciones. En un comunicado, calificaron las órdenes de arresto como “falsas y absurdas”, tachando a la CPI de estar tomando partido en un conflicto que, según Tel Aviv, está librando en defensa propia contra un grupo terrorista como Hamás.
Además, el gobierno israelí comparó la resolución de la CPI con el histórico “juicio Dreyfus”, una referencia al caso del militar francés Alfred Dreyfus, condenado injustamente por traición en el siglo XIX. Netanyahu reiteró que no se sometería a presiones externas y continuaría con sus objetivos en lo que describió como una “guerra justa” contra Hamás.
El presidente de Israel, Isaac Herzog, también calificó la decisión de “escandalosa” y acusó a la CPI de “convertir la justicia universal en un hazmerreír”. Según Herzog, la Corte ha elegido “el lado del terror y el mal” al emitir las órdenes contra altos funcionarios israelíes, en lugar de centrarse en las atrocidades cometidas por Hamás.
En contraste, Hamás celebró la decisión de la CPI, calificando las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant como un “precedente histórico” y una “corrección a un largo camino de injusticia histórica contra nuestro pueblo”. El grupo instó a los países miembros de la CPI a hacer cumplir las órdenes de arresto y responsabilizar a Israel por lo que describieron como “genocidio” en Gaza. La organización también reiteró su condena a las políticas de ocupación israelíes en Gaza y Cisjordania, calificándolas de crímenes de lesa humanidad.
EL CONTEXTO DEL CONFLICTO
El trasfondo de las órdenes de arresto se encuentra en la escalada de violencia en Gaza desde octubre de 2023. Cuando militantes de Hamás lanzaron un ataque sorpresa sobre Israel, causando una masacre en el sur del país. A partir de ese momento, Israel lanzó una serie de ataques aéreos y terrestres sobre Gaza con el objetivo de desmantelar las estructuras de Hamás. Lo que resultó en una crisis humanitaria sin precedentes en la Franja.
Los crímenes de guerra imputados a ambos bandos se basan en las leyes internacionales que prohíben ataques deliberados contra civiles. Así como el uso de métodos de guerra que causen sufrimientos innecesarios, como el hambre y las torturas. De acuerdo con la CPI, las acciones tanto de los líderes de Hamás como de Israel podrían constituir violaciones graves del derecho internacional humanitario, con repercusiones a nivel mundial.
EL PAPEL DE LA CPI
La Corte Penal Internacional fue establecida en 2002 como una instancia judicial independiente con el objetivo de juzgar a los responsables de crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Aunque ni Israel ni Estados Unidos han ratificado el Estatuto de Roma que la creó, la CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos en territorios de estados que sí son miembros, como Palestina, que ha sido reconocida por la ONU como estado no miembro.
A pesar de la falta de cooperación de Israel, que ha criticado la Corte en varias ocasiones, la CPI ha avanzado en sus investigaciones relacionadas con el conflicto israelí-palestino. Especialmente desde 2021, cuando su fiscal aceptó la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma. Desde entonces, la Corte ha abierto investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos tanto por fuerzas israelíes como palestinas.
¿QUÉ SIGUE?
Ahora, dependerá de los 124 estados miembros de la CPI decidir si cumplen o no con las órdenes de arresto emitidas. A pesar de la incertidumbre sobre su ejecución, la decisión marca un hito en la justicia internacional, al señalar que incluso los líderes de los estados más poderosos y grupos armados no están por encima de la ley cuando se trata de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional.
Mientras tanto, las tensiones en Gaza continúan escalando, y el conflicto parece lejos de una resolución. La comunidad internacional sigue observando de cerca cómo se desarrollan los eventos. Con la esperanza de que la justicia internacional pueda contribuir a un proceso de paz más amplio en la región.
