En un fallo histórico, el juez federal argentino Ariel Lijo ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Ambos son acusados de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y persecución política.
La medida, enmarcada en el principio de jurisdicción universal, también alcanza a otros altos funcionarios del régimen nicaragüense. Este principio permite a los tribunales argentinos juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en cualquier lugar del mundo, independientemente de la nacionalidad de los acusados o las víctimas.
UN CASO HISTÓRICO
La denuncia, presentada en agosto de 2022 por el abogado Darío Richarte junto a un equipo de la Universidad de Buenos Aires, documenta violaciones sistemáticas de derechos humanos desde abril de 2018, cuando el régimen de Ortega intensificó la represión contra manifestantes civiles, opositores políticos y grupos vulnerables.
Durante más de dos años, se recopilaron testimonios de víctimas, informes de organismos internacionales y pruebas documentales que sustentan las acusaciones. Según Richarte, este fallo “marca un antes y un después en la justicia universal” y representa un paso crucial hacia la visibilización de la situación en Nicaragua.
IMPACTO Y REACCIONES INTERNACIONALES
La resolución no solo busca responsabilizar a Ortega y Murillo, sino también comprometer a la comunidad internacional en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua. Richarte destacó que el fallo “pretende aislar a los dictadores” y presionar a los organismos multilaterales y gobiernos regionales para adoptar medidas concretas contra el régimen.
El pedido de captura internacional representa un nuevo reto para Ortega y Murillo, quienes ya enfrentan un creciente aislamiento en el ámbito global. Mientras tanto, la causa sigue abierta y los denunciantes esperan que esta acción impulse la justicia para las víctimas y contribuya a la restauración de la democracia en Nicaragua.
Finalmente, la decisión del juez Lijo establece un precedente en la justicia penal internacional y refuerza el llamado a que los países de América y del mundo actúen de manera contundente ante las atrocidades denunciadas.
