El número de víctimas por el desplome el pasado viernes de dos edificios construidos ilegalmente en la ciudad brasileña de Río de Janeiro se elevó a veinte tras el hallazgo este miércoles de cuatro cuerpos, mientras que los equipos de rescate siguen en la búsqueda de cuatro desaparecidos.
El Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro informó que este miércoles, en el sexto día de búsquedas, retiró de entre los escombros los cuerpos de cuatro víctimas, entre los cuales se encontraban el de Ana Julia Martin Souza Campos, de seis años, así como los de dos mujeres y de un hombre.
La tragedia también dejó ocho heridos, uno de los cuales está en estado grave.
Las dos edificaciones de cuatro pisos que colapsaron habían sido construidas en un área prohibida por pertenecer a una reserva ambiental y fueron ocupados este año pese a que la Alcaldía llegó a embargar las obras y a prohibir el uso de los inmuebles.
Un centenar de bomberos trabaja desde el viernes en el lugar de la tragedia, en el barrio de Muzema, en la zona oeste de Río, y cuenta con el auxilio de perros rastreadores, ingenieros militares, drones y máquinas, con la esperanza de encontrar más supervivientes.
Igualmente participaban en los trabajos de rescate al menos cinco ingenieros de la Defensa Civil, 38 agentes municipales y una quincena de profesionales de salud.
Los dos edificios que colapsaron fueron construidos de manera irregular en un área de reserva ambiental controlada por grupos parapoliciales conocidos como milicias, que vendieron los apartamentos a precios muy inferiores a los del mercado pero sin entregar la respectiva documentación.
El juez séptimo civil del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, Ernesto da Fonseca Costa, aceptó el lunes la petición de la Fiscalía para suspender cualquier nueva obra en el condominio construido por las milicias y que cuenta con cerca de 30 edificaciones.
La Alcaldía, además, anunció que pretende demoler 16 de tales edificios que forman parte del condominio Figuieras do Itanhangá, todos ellos construidos ilegalmente.
Las investigaciones policiales permitieron establecer que los predios fueron erguidos por una constructora que es investigada hace varios años por irregularidades.
El presidente de la Asociación de Vecinos de Muzema, Marcelo Diniz, interrogado el martes por la Policía, afirmó que desconoce quién construyó los edificios y negó que la región sea dominada por milicianos.
