Mientras Movimientos sociales y la Central de Trabajadores por la Economía Popular (CTEP) acampan en la céntrica Avenida 9 de julio, entre el Obelisco y el histórico edificio del ministerio de Desarrollo Social, contra la grave crisis social, el secretario general del poderoso Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, confirmó ayer el llamado a un paro nacional de 24 horas el próximo 30 de abril contra los ajustes que agobian a los trabajadores y exigió un inmediato cambio de rumbo económico, a lo que se adhirieron todas las centrales de los trabajadores y otros movimientos. Los sindicatos convocaron el pasado miércoles a un paro general.
La reunión, que congregó al Frente Sindical para el Modelo Nacional, conformado por más de 70 gremios, en un espacio que integra la Corriente Federal de Trabajadores, Camioneros y Mecánicos (SMATA) con un fuerte peso en las delegaciones regionales de la Central General de Trabajadores (CGT). El plenario tuvo un marcado tono crítico hacia el gobierno y permitió escuchar la voz de referentes gremiales representativos. En total estuvieron presentes 55 delegaciones regionales de CGT de todo el país. Sobre el final se sumaron dirigentes de la CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma, señaló el periodista Gabriel Fernández, de Sindical Federal en Radio Gráfica.
El documento final rechazó de plano el programa económico nacional actual y la reforma laboral. Exigió reducción de las tarifas de servicios públicos y retrotraer las mismas a diciembre de 2017, aumento de emergencia para jubilados y pensionados y defensa de la producción y el trabajo. Añadió “No nos queda otro camino, plan de lucha, paro general” que es el título de la declaración final del Plenario.
En el frente de los derechos humanos, el tribunal Oral Federal Número 4 de San Martín, provincia de Buenos Aires, condenó al general retirado Alfredo Manuel Arrillaga a prisión perpetua, al encontrarlo culpable del asesinato de José Díaz, integrante del Movimiento Todos por la Patria (MTP), que en enero de 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, intentaron un copamiento del cuartel militar de La Tablada, Provincia de Buenos Aires.
En este proceso, que se inició en diciembre pasado, se juzgó el caso de uno de los cuatro desaparecidos, el del entonces joven José Díaz, quien estaba vivo cuando el MTP se rindió, según testimonios y pruebas documentales presentadas en las audiencias.
El 23 de enero de 1989, el Regimiento de Infantería Mecanizado (RIM) III de La Tablada, fue asaltado por 46 integrantes del MTP, con el argumento de frenar un golpe de estado al gobierno del presidente Raúl Alfonsín. El represivo operativo militar de recuperación del cuartel dejo más de 40 muertos y 4 desaparecidos.
En el 2014, un fallo de la Corte Suprema revocó la prescripción del delito, por pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, e impulsó las investigaciones por torturas y desapariciones en La Tablada.
Cuando los familiares de las víctimas conocieron la sentencia estallaron en un aplauso. “Lo esperábamos, tenemos la verdad de nuestro lado”, dijo al matutino Página/12, Daniel Díaz, hijo de José, junto a familiares y sobrevivientes de los militantes del MTP que participaron en La Tablada.
EU entrega último paquete de documentos clasificados sobre la dictadura
Estados Unidos entregó este viernes a Argentina 5 mil 600 documentos hasta ahora secretos relacionados con los abusos a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar que gobernó el país sudamericano de 1976 a 1983, informó la agencia Ap. Los documentos provenientes de 16 organismos de gobierno se suman a las casi 50 mil páginas ya entregadas como parte del Proyecto de Desclasificación de Argentina, el mayor de su tipo entre gobiernos de la historia estadunidense.
Durante una ceremonia en el edificio de los Archivos Nacionales en Washington, el jefe del organismo, David Ferriero, entregó al ministro de Justicia argentino Germán Garavano varios discos duros de documentos escaneados.
Garavano dijo luego a la prensa que los documentos incluyen nombres de victimarios y víctimas que ayudarán a la justicia argentina a cerrar al menos algunas de las 400 investigaciones pendientes sobre las 30 mil desapariciones ocurridas durante la última dictadura, según cálculos de los organismos de derechos humanos. Esta entrega fue la cuarta y última efectuada por el gobierno estadunidense y relativa a ese período.
