La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó el jueves al gobierno de El Salvador a que respete el debido proceso y los derechos humanos durante el estado de emergencia declarado el mes pasado tras un aumento en los asesinatos cometidos por pandillas.
En un comunicado de prensa, la CIDH reiteró su condena al incremento de las muertes violentas en El Salvador, expresó su solidaridad con las familias afectadas y recordó que las víctimas deben obtener justicia y reparación.
Después de registrar 62 homicidios el 26 de marzo, una cifra que no se había visto en años en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto y la asistencia de un abogado.
Desde entonces han sido arrestadas más de 14.000 personas.
Frente a la suspensión de garantías, la CIDH señaló que, si bien el Estado salvadoreño tiene el derecho y la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público, “su poder no es ilimitado pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conforme al ordenamiento vigente y respetuoso de los derechos fundamentales a toda persona que esté bajo su jurisdicción”.
En agosto de 2015, la Corte Suprema catalogó a los pandilleros y sus colaboradores, apologistas y financistas como terroristas, lo que permitió procesarlos bajo esa figura que imponía penas de seis a nueve años de prisión.
Pero con la reforma del Código Penal del Congreso ahora las pandillas se consideran penalmente ilícitas y sus miembros pueden ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión mientras que para los cabecillas la condena se eleva a entre 40 y 45 años de cárcel.
También se sanciona con penas de 10 a 15 años a cualquier persona o medio de comunicación que reproduzca y transmita mensajes originados por las pandillas. No se aclara, sin embargo, quién determinará si un contenido debe ser penalizado o quién estará a cargo de detectar un mensaje que infrinja la ley.
Para combatir la escalada de violencia criminal de las pandillas, unidades policiales y militares fuertemente armadas irrumpieron en populosas comunidades con presencia de estas estructuras criminales. También cercaron las zonas con alambres de púas y registran a quien entra o sale, exigiendo identificaciones y revisando sus pertenencias.
Según la CIDH, durante los operativos de policías y soldados organizaciones de derechos humanos y la prensa denunciaron que “muchas de las detenciones se llevaron a cabo de manera ilegal, arbitraria y mediante el uso de la violencia”.
Agregó que las capturas estuvieron basadas en percepciones subjetivas, “sobre pertenencia a grupos criminales por factores como apariencia física, edad, zona en la que habitan”.
También afirmó que la suspensión de ciertas garantías judiciales ha impedido que se conozcan las razones de la privación de libertad, así como el acceso a una asistencia legal y a tener contacto con sus familiares.
La CIDH criticó que El Salvador haya reformado el Código Penal para los delitos relacionados con el crimen organizado, que incluye a las pandillas, y que aplique 20 años de prisión a adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años a mayores de 12.
El organismo pidió a su vez al Estado salvadoreño que investigue a los responsables de violaciones a los derechos humanos y adopte una política de seguridad integral que tenga como premisa la protección de estos derechos.
Por su parte el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, justificó que se decretara el régimen de excepción “porque existían condiciones que no eran normales en nuestro país en cuanto a seguridad, se dio un incremento de los homicidios, se llegó a 62 en un día”.
En un programa de entrevistas con el Canal 10 local Delgado también confirmó que hasta el lunes se habían realizado 14.571 capturas de presuntos pandilleros o colaboradores de esas estructuras criminales. Los tribunales de justicia ya decretaron la detención preventiva de 5.901 imputados.
Las llamadas maras o pandillas, que tienen presencia en populosos barrios del país, están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresas del transporte y asesinan quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
En 2012, el gobierno de Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha (MS-13) en su lista de organizaciones criminales internacionales.
