El Partido Republicano de Arizona está generando controversia al impulsar una iniciativa de ley que permitiría a los propietarios de ranchos en el estado matar a inmigrantes que caminen por sus tierras, en un intento por frenar el aumento de migrantes que cruzan la frontera desde México en busca del “sueño americano”. Esta medida impactaría en la doctrina Castle, que justifica el uso de la fuerza letal contra cualquier persona que invada propiedad privada.
La iniciativa, conocida como House Bill 2843 (HB 2843), propone expandir los derechos de los terratenientes del sur de Estados Unidos, permitiéndoles tomar medidas letales contra quienes invadan sus propiedades. Según la doctrina Castle, los propietarios de ranchos en Arizona ya tienen el derecho de atacar a personas que invadan su territorio de forma letal, pero con ciertas condiciones específicas.
El legislador republicano Justin Heap busca modificar la doctrina Castle para brindar aún más permisividad a los rancheros, permitiéndoles usar la fuerza sin repercusiones legales. Heap argumenta que esta enmienda es necesaria para corregir un “vacío de la norma” que ha provocado un aumento en el número de inmigrantes y traficantes de personas que atraviesan los ranchos y granjas en Arizona.
La propuesta cobra relevancia en el contexto del juicio de George Allan Kelly, un ranchero de 73 años que mató a balazos al mexicano Gabriel Cuen-Butimea mientras este caminaba desarmado en los límites de su propiedad en Nogales, Arizona. A pesar del incidente, Kelly fue arrestado y posteriormente puesto en libertad bajo fianza, mientras enfrenta su proceso judicial.
Los defensores de los derechos humanos han expresado preocupación por la propuesta republicana, argumentando que ampliar la legalidad del uso letal contra inmigrantes podría resultar en violaciones graves de los derechos humanos y aumentar la violencia en la región fronteriza.
El debate sobre esta iniciativa continúa en Arizona, mientras la comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de los eventos y sus posibles repercusiones en materia de derechos humanos y seguridad fronteriza.
