El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad por la masacre de una veintena de personas, fue trasladado este viernes (20.05.2022) a un hospital de Lima tras sufrir una “descompensación” en su estado de salud, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
A través de un mensaje en Twitter, el INPE anunció que Fujimori, de 83 años, fue trasladado de la prisión de Barbadillo “al hospital (público) de Essalud de Vitarte debido a que sufrió una descompensación en su estado de salud”. Hace poco más de un mes también había sido hospitalizado de emergencia durante la madrugada tras presentar un cuadro de descompensación y taquicardias y, más tarde, fue trasladado a la Clínica Centenario Peruano Japonés para observación.
Además de esos problemas cardíacos y fibrosis pulmonar, el exmandatario también padece de gastritis y unas lesiones en la lengua conocidas como leucoplasia. Fujimori cumple una sentencia dictada en 2009 por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que provocaron la muerte de 25 personas, así como por el secuestro de un periodista y un empresario tras el “autogolpe” de 1992.
“Persona enferma y de avanzada edad”
El pasado 8 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano que se abstenga de cumplir una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que restituyó el indulto que otorgó a Fujimori en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Tras conocerse la decisión del tribunal internacional, su hija mayor y actual líder opositora aseguró que no pierde la fe de que su padre sea liberado y calificó el fallo como “absolutamente injusto para una persona enferma y de avanzada edad”.
La excongresista y excandidata presidencial, procesada actualmente por presunto lavado de activos, dijo entonces que “las últimas decisiones legales” tomadas por la CIDH “sin duda han afectado la salud” de su padre. La Corte también requirió al Estado de Perú que presente un informe sobre el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar por los casos Barrios Altos y La Cantuta, perpetrados por el grupo militar encubierto Colina, en lo relativo a no ejecutar la sentencia dictada por el TC.
