La Unión Americana de Libertades Civiles demandó este martes al gobierno de Estados Unidos por tratar de evitar que inmigrantes soliciten asilo con argumentos de violencia pandilleril y doméstica en sus países de origen.
La querella de la organización conocida por sus siglas en inglés como ACLU pide que la corte invalide la medida que el secretario de Justicia Jeff Sessions tomó el 11 de junio para restringir los criterios para otorgar asilo. La demanda fue presentada a nombre de 12 padres y niños a quienes, según la organización de derechos civiles, erróneamente se les negó el asilo por considerar que no tenían razones creíbles para tener miedo de regresar a casa.
Si la orden de Sessions prevalece, argumenta la demanda, la gente que “busca seguridad desesperadamente será deportada ilegalmente a lugares donde temen ser víctimas de violaciones, secuestros, palizas y asesinatos”.
El asilo puede ser otorgado a personas que han sufrido persecución en sus países de origen o podrían sufrir este flagelo si es que son forzados a regresar a sus casas.
Miles de personas solicitan asilo cada mes en puestos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a lo largo de la frontera con México. La mayoría de ellos son de países centroamericanos azotados por la violencia, pandillas y corrupción.
Altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump dicen que algunos inmigrantes se están aprovechando del proceso de asilo porque cuentan con pasar la entrevista preliminar de miedo creíble y que los dejen libres en Estados Unidos.
La nueva querella, entablada en Washington, amplía la confrontación legal que ya había entre la ACLU y el gobierno federal por políticas de inmigración. Un juez federal en San Diego ordenó la reunificación de miles de familias separadas por la aplicación de la política de cero tolerancia del gobierno de Trump, después de que la ACLU presentó una demanda allí hace unas semanas.
La orden de Sessions anuló la decisión de la Junta de Apelaciones Migratoriasdel 2014 que concedió asilo a una guatemalteca que huyó de su esposo tras aguantar, según la junta, un “repugnante abuso”. La junta halló que la mujer cubría los requisitos para asilo porque era miembro de un grupo social especial, en este caso: mujeres casadas en Guatemala que no podían desvincularse de su relación.
Los tribunales y los jueces de inmigración son parte del Departamento de Justicia, y Sessions puede sobreseer a la junta. En este caso, Sessions dijo que la junta se había equivocado.
