La administración del presidente Donald Trump sopesa una nueva política que aumentaría drásticamente los poderes del Departamento de Seguridad Interna (DHS) para acelerar las deportaciones de algunos indocumentados, informó ayer el diario The Washington Post.
El DHS ha sido autorizado desde 2004 a evitar las cortes de migración para poder deportar sólo a los inmigrantes indocumentados que han estado viviendo en el país por menos de dos semanas y que fueron detenidos dentro de una franja de 160 kilómetros de la frontera.
Bajo la nueva política que está siendo considerada, el DHS sería facultado para buscar la deportación acelerada de los indocumentados detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos que no puedan probar que han vivido en el país continuamente por más de 90 días, según un memorando interno de 13 páginas obtenido por The Washington Post.
El periódico destacó que las nuevas directrices, si se promulgaran, representarían una ampliación importante de la autoridad del DHS para acelerar las deportaciones bajo el gobierno de Trump, que ha hecho de la seguridad fronteriza una prioridad.
Dos funcionarios de la administración Trump confirmaron al rotativo que se está revisando la nueva política propuesta, que no requeriría de la aprobación del Congreso.
El memorándum circuló en la Casa Blanca en mayo pasado, y el DHS está revisando los comentarios emitidos sobre el documento por la Oficina de Gestión y Presupuesto, de acuerdo con un funcionario de la administración familiarizado con el proceso que habló bajo condición del anonimato.
La vocera del DHS, Joanne F. Talbot, dijo al Washington Post que no había visto el memorándum y describió el documento como un borrador. Talbot destacó que el secretario de Seguridad Interna, John F. Kelly, no ha tomado ninguna decisión final sobre el borrador del memorándum.
Twitter / @ICEgov
En contra
Defensores de los derechos de los inmigrantes denunciaron:
⇒ La propuesta de expansión de la autoridad de deportación acelerada.
⇒ Advirtiendo que la política despojaría a los inmigrantes de los derechos del debido proceso para solicitar asilo.
