CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva propuesta que realizó la bancada de Morena en la Cámara Baja respecto a una modificación a la Ley de Vivienda, específicamente en los artículos 2398 y 2406 del Código Civil hay que entenderla y desmenuzarla adecuadamente para evitar malas interpretaciones.
Primero que nada cabe aclarar que se trata, por el momento, solo de una propuesta lo cual significa que aún no hay ningún cambio por el cual debamos entrar en pánico en el futuro inmediato ya que primero sufrirá muchas modificaciones y adecuaciones antes de ser presentada para su aprobación por lo que estamos viendo el primer “borrador” de esta iniciativa.
En segundo lugar, se debe tener en mente que según datos del INEGI aproximadamente el 50% de los arrendamientos en la Ciudad de México no cuentan con un contrato de arrendamiento formal, esto vulnera a ese importante porcentaje de capitalinos sin un contrato y los expone a posibles abusos de su contraparte, esta iniciativa pretende entre otras cosas poder nivelar estas condiciones para este segmento que ante una crisis como la actual podría significar un número importante de personas en situación crítica.
Ricardo Vaca, Socio y Director de Operaciones de Homie.mx, consideró que “se ha exagerado la reacción, ya que en lo específico, uno de los puntos que se maneja es la negociación de las rentas y la temporalidad del contrato en caso de declarar un estado de emergencia, este tipo de acciones se tienen que ejecutar con previo acuerdo de ambas partes, no debería ser obligación del propietario aceptarlo y debería existir acuerdo de los involucrados, además se propone facilitar medios de justicia alternativa como el arbitraje para apoyar en esta mediación entre ambas partes.”
Algunos puntos que maneja la legislación es modificar el periodo mínimo de un arrendamiento, prohibir un bien inmueble como garantía y prohibir solicitar más de un mes de depósito en garantía; “estas modificaciones tienen el objetivo de mejorar algunas condiciones para los arrendatarios pero podrían atentar contra la seguridad económica de los arrendadores que en un gran porcentaje son personas que viven de ese ingreso y tienen un solo inmueble en renta motivo por el cual se hace más relevante la necesidad de enriquecer esta iniciativa antes de realizar una modificación a la ley. Cabe resaltar que nosotros ya trabajamos con algunas como la eliminación del aval o fiador en el arrendamiento.” aseguró el directivo de Homie.
No hay que olvidar que la obligación de poner en práctica medidas protectoras para quienes están en situación de desventaja, corresponde al Estado, como lo establece la Constitución en relación con el derecho a una vivienda digna, derechos programáticos que los gobiernos deben ir implementando, sin imponer cargas a los particulares, por lo que, en todo caso, de contener la iniciativa cargas indebidas para los arrendadores, la legislación deberá eliminarlas o podrían resultar inconstitucionales
De acuerdo Ricardo Vaca, la propuesta central debería enfocarse en el apoyo que debe existir desde las autoridades gubernamentales con un impacto positivo inmediato en la población sin afectar otro segmento (arrendadores) posiblemente replicando iniciativas que se han presentado en otros países,
“el gobierno podría rentar las viviendas disponibles para uso vacacional que ahora están vacías hace meses y ofrecer un arrendamiento a largo plazo a la población garantizando un ingreso al dueño del inmueble por un periodo determinado logrando una disminución del costo, incluso subsidiar una parte de ese arrendamiento y así no tocar el ciclo económico de propietarios que viven de su renta. De esta forma se ayuda a la población de arrendatarios vulnerada por la crisis manteniendo la economía de forma positiva y generando un impacto tangible inmediato.”
